Zonas francas en problemas

Crecimiento económico. Eso es, en resumen, lo que han generado las zonas francas en el país. Sin embargo, lejos de promoverse, en Guatemala se les restringe y dificulta su operación. Solo el año pasado se creó el Acuerdo Gubernativo 52-2017, a través del cual se les obligó a proporcionar información general de la empresa, inversiones realizadas, empleo y salarios generados.

Además, un año antes, la Ley Emergente para la Conservación del Empleo ya había hecho de las suyas con este sector.

Eso, en pocas palabras, disminuye los márgenes de operación de estos espacios que han sido garantes de buena parte del crecimiento económico, a través de la facilitación de las importaciones e instalación de espacios que favorecen la comercialización de productos que, de otra forma, no vendrían al país.

Así, más que expandirse, las zonas francas se ven amenazadas con desaparecer y, en la actualidad, de una manera ace
lerada. En los últimos dos años, 70 empresas se han retirado del país buscando otros espacios geográficos en Latinoamérica, pero la cifra aumentará, pues hay otras que ya tramitan la cancelación de sus operaciones, mientras otras más han anunciado que también lo harán.

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Fredy Palma, gerente de la empresa Zona Libre de Industria y Comercio.

Experiencia y estadísticas

Fredy Palma, gerente de la empresa Zona Libre de Industria y Comercio (Zolic), una organización estatal autónoma descentralizada, no tiene ninguna duda al afirmar que las zonas francas son herramientas de desarrollo económico.

Muchas empresas internacionales no se animarían a instalarse en países como Guatemala, si no gozaran de beneficios fiscales como los que se conceden a quienes operan en zonas francas, dice Palma.

Y la generación de empleo local es quizá una de sus principales ventajas a los ojos de la mayoría de los guatemaltecos. Ello significa que las áreas geográficas en donde se instalan zonas francas tienen mayores oportunidades de empleo y, por supuesto, poder adquisitivo que se transforma en tributos internos al momento del consumo local de alimentos, vestuario y pagos de servicios, por mencionar algunas actividades económicas, asegura el gerente de Zolic.

Los reportes oficiales aseguran que las zonas francas del país generan alrededor de 165 mil empleos. Solo en el área de maquilas, las empresas instaladas bajo el concepto de zonas francas alcanzaban hace un año 1,394, de las cuales cerca del 40% corresponden al sector de vestuario y textiles y generan inversiones de alrededor de Q255 millones al año.

Las estadísticas dan cuenta de la existencia de unos 15 mil usuarios de zonas francas, del los cuales el 75% son comerciales, el 13% industriales y el 12% restante usuarios de servicios. En total, las zonas francas reportan anualmente inversiones por unos Q900 millones. Con estas cifras se entiende por qué, según Palma, entre más zonas francas existan, mayores posibilidades de desarrollo económico habrá.

De acuerdo con el análisis de este funcionario de Zolic, debieran instalarse zonas francas en aquellas áreas geográficas en las que las oportunidades de empleo son escasas y la concentración de pobladores alta. En la actualidad, Zolic ofrece facilidades a sus usuarios para poder almacenar o producir mercancías dentro de sus instalaciones y ellos se ven beneficiados porque cuentan con un inventario de los productos para poder ofrecerlos de inmediato a sus clientes. Y en qué se beneficia el Estado, pues en el momento de la comercialización, pues cuando las empresas venden, comienzan a generar tributos de importación que alimentan las arcas del Estado.

Visión privada

Gustavo Tamayac, directivo de la Asociación de Zonas Francas Privadas de Guatemala, también ha hablado públicamente de las ventajas que estos espacios de comercialización representan para el país. Sin embargo, es de quienes consideran que más que abrir oportunidades, el país las cierra.

Las declaraciones de Tamayac giran en torno a lo que el considera es una falta de certeza jurídica para el funcionamiento de las zonas francas, pues las prohibiciones operativas han aumentado, mientras que en otros países disminuyen. A finales de 2016, por ejemplo, se emitió el decreto 19-2016, a través del cual se amplió el número de prohibiciones a las empresas ya existentes dentro de las zonas francas. Eso, sin lugar a duda, desmotiva la continuidad de sus operaciones en el país y, si se sigue la lógica expuesta por Fredy Palma, también reduce las oportunidades de generación de mayor cantidad de empleos.

Tamayac ha mencionado que, de 16 prohibiciones existentes para la operación de empresas en zonas francas, el decreto las elevó a 42. Es decir que, casi se triplicaron y eso desincentiva el interés de empresas extranjeras para instalarse en el país. No es que se rehúya de los controles, solo se reniega de la incertidumbre que la ley genera, dicen los empresarios.

Datos oficiales dan cuenta de que, con la puesta en vigencia de la Ley Emergente para la Conservación del Empleo, que se amparó en el decreto 19-2016, se ha motivado el cierre de empresas que funcionaban en zonas francas. Solo en el primer año de vigencia de la ley, al menos 15 empresas clausuraron sus operaciones, según la información oficial del Ministerio de Economía.

La lista ha aumentado, aunque oficialmente el fenómeno aún no se note en los listados. Al menos eso es lo que aseguran miembros de la Asociación de Zonas Francas Privadas, pues los trámites para clausurar una empresa de este tipo pueden durar meses.

Aunque la cifra no es oficial, las fuentes de la asociación privada sostienen que podrían ser alrededor de 60 las empresas que ya se han retirado del territorio nacional.

Fanny de Estrada, directora ejecutiva de la Agexport.

 

Fanny de Estrada, de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), es mucho más puntual. La dirigente empresarial califica lo que sucede en el país con las Zonas Francas como una crisis. Según ella, jamás en la historia del país se había visto tanto problema para las empresas que operan en los espacios de zonas francas.

En los últimos dos años, asegura De Estrada, alrededor de 70 empresas que operaban en Zonas Francas han sido cerradas, principalmente las relacionadas con los aparatos electrónicos y otros tipos de ensamblado.

Pero eso no es todo, dice Fanny de Estrada. De acuerdo con los datos con que cuenta Agexport, ya hay en trámite de cierre al menos otras 3 decenas de empresas, y otras dos decenas también hablan ya de que piensan seriamente en retirarse del país.

Visión oficial

A principios de este año, el ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela, aseguró que el gobierno les dará prioridad a los temas de impacto en los indicadores del país. Uno de ellos, mencionado por el ministro, es el Doing Business. Por ello también habló del Foro Económico Mundial y especificó que trabajarán en impulsar la Ley de Competencia, la de Leasing, la de Garantías Inmobiliarias, la de Insolvencias y, por supuesto, la Ley de Zonas Francas.

Todos debemos unir esfuerzos en la misma dirección, ha dicho el ministro Valladares al hablar sobre sus planes. No obstante, sus esperanzadoras declaraciones, poco de lo ofrecido ha llegado a convertirse en realidad. Y, como ya lo han manifestado otras fuentes, lo que más se ha hecho sentir es el conjunto de acciones que perjudican la actividad económica de las empresas que funcionan en las Zonas Francas y las obliga a abandonar el país.

Voces críticas

Por supuesto que no todos ven exclusivamente ventajas en las Zonas Francas. Los hay quienes también las ven con detenimiento y precaución. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) es uno de ellos. De acuerdo con este centro de pensamiento económico, lo que refleja la visión de favorecer la inversión extranjera de empresas que no aportan al fisco, pretende darle balance a la incapacidad estatal de generar ahorro interno.

El Icefi no es de las instituciones que crean que se gane mucho con la instalación de empresas que no aportan tributos. Y tampoco comparte que los impuestos alejen la inversión extranjera. Según los estudios del Icefi, en países como Guatemala son otros los factores que ahuyentan los capitales foráneos.

Los altos niveles de crimen y robo, la corrupción, la ineficiencia burocrática y la escasa infraestructura que facilite la comercialización, sí son factores que alejan las inversiones del país.

Ricardo Barrientos, uno de los analistas del Icefi, lo explicaba de alguna manera desde el año 2011. En una de sus columnas publicada en un medio de comunicación local, Barrientos comentaba que el Ministerio de Economía ya había sido reducido, para ese tiempo, en una ventanilla repartidora de privilegios fiscales. Y criticaba que, si las empresas extranjeras eran tan eficientes, por qué no lo demostraban pagando impuestos como lo hacen otras empresas locales. El analista indicaba que los beneficios para el país, con la generación de empleos para esas empresas, no eran coherentes con las pérdidas de exonerarse algunos tributos.

Reformas

Este año, en el Congreso de la República, se analiza la iniciativa 5174 que contiene un paquete de reformas a la Ley de Zonas Francas. Y mientras los empresarios esperan atentos y hasta urgidos que se las reformas lleguen a feliz término, algunos otros actores como el actual jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Abel Cruz, no duda en reconocer que de aprobarse la normativa se estaría incidiendo negativamente en la recaudación prevista.

Y las modificaciones legales no han sido las mejores aliadas de las Zonas Francas, pues las han hecho perder terreno. Para finales del año pasado, las exportaciones de empresas instaladas en zonas francas registraban una baja de alrededor del 15.5%, respecto a 2016. En cifras absolutas, se reporta que mientras las exportaciones de estas compañías representaron US$547.9 millones en 2017, la cifra fue menor en US$100.8 millones con respecto a 2016.

La entada en vigencia del Decreto 19-2016 fue sensible para las finanzas estatales. De acuerdo con las cifras oficiales del Banco de Guatemala (Banguat), las exportaciones de las zonas francas en 2014 sumaron US$687.4 millones, mientras que en 2015 subieron a US$733.8 millones, es decir un crecimiento del 6.75%.

No obstante, lo anterior, la puesta en vigencia del Decreto 19-2016 generó una caída del 4.24 por ciento, cuando para 2016 las exportaciones cayeron a US$702.7 millones. Esas cifras no incluyen los efectos de la pérdida de 3 mil puestos de trabajo y el cierre de al menos 100 empresas, según lo declaró René Castañeda, de la Asociación de Zonas Francas Privadas de Guatemala.

Así las cosas, lejos de promoverse la atracción de capitales para invertir en Guatemala, a través de la instalación de empresas dentro de las denominadas zonas francas, el fenómeno que se vive es totalmente opuesto. Cierres y desmantelamientos de empresas son las que dominan en el ambiente, impulsados por la falta de certeza que ha generado la legislación.

Eso no hace sino hacer pensar que la estrategia estatal para las zonas francas en el país debe cambiar. De lo contrario, lejos de promover desarrollo, lo que se augura es menor actividad económica en estos espacios que más bien debieran aumentar en territorio y oportunidades.

Carlos Morales Monzón, Periodista y Profesor Universitario [email protected].

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