Vuelve el servicio público postal
El 22 de agosto de 2016 el servicio de correo dejó de funcionar en el país, no así la Dirección General de Correos y Telégrafos (DGCT), una dependencia del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (MCIV) que brindó el servicio postal hasta 1998, año en el que fue privatizado bajo el gobierno de Álvaro Arzú.
El servicio postal de documentos y paquetería fue operado desde 1998 por El Correo de Guatemala, S.A., una empresa que se vio obligada a cerrar operaciones y a indemnizar a los 690 trabajadores, ante la negativa del Congreso de la República de ampliar la concesión el 19 de mayo del mismo año. Ese mismo año la Procuraduría General de la Nación indicó que el MCIV por medio de la DGCyT debía “velar y garantizar la continuidad del servicio público postal, toda vez que la finalidad original es de mantener sin interrupción el servicio…”.
En junio del 2018, entró en vigor el acuerdo ministerial 2574-2018 que da vida al nuevo Reglamento Orgánico Interno de la DGCyT, publicado el 23 de octubre en el Diario de Centroamérica. Mediante este acuerdo, la DGCyT se convirtió en el “ente rector de la prestación de servicios postales del correo oficial de la República de Guatemala”, al reconocerlo además como un servicio público.
Las funciones otorgadas a la DGCyT son las recogidas en el Código Postal de Guatemala (decreto 650), a ellas se suman elementos de administración actualizados y la creación de nuevas unidades, secciones y subdirecciones, como la de administración de redes y comunicaciones con subsecciones de infraestructura de red y de desarrollo de web apps y de aplicaciones, administración de mercadeo, publicidad, promoción y ventas. No queda claro por qué se sigue incluyendo al telégrafo dentro de la nomenclatura y por qué no se aprovechó para incorporar otras formas de comunicación.
Sin embargo, hay otros elementos que en el citado reglamento llaman la atención. Por ejemplo, que el resguardo y la administración de la información de los clientes dependen de la subsección de ventas, aunque no aclara para qué se quieran esos datos, cómo los resguardarán o si la prestación del servicio no estará supeditada a la obtención de esos datos, señala Silvio Gramajo, experto en acceso a la información pública, quien aconseja que debiera garantizarse que en el citado reglamento no se puedan comercializar esos datos.
Durante 2017 y 2018, a la DGCyT se le asignó en el presupuesto de ingresos y egresos de la nación Q8.5 millones. En 2018 se modificó el presupuesto y, finalmente, le fueron entregados Q13 millones. Para 2019 se le han asignado Q43.4 millones, según se verifica en el portal de información pública de la DGCyT, que incluyen la puesta en marcha de la DGCyT, de las agencias en el país, de la regularización del servicio de recepción y entrega y del pago de sueldos de los 161 trabajadores de la nueva DGCyT.
Guatemala forma parte de la Unión Postal Universal (UPU) y de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP), con sede en Montevideo, Uruguay. Ante la UPU, “El Correo” sigue apareciendo como el operador del servicio postal en el país, pese a que ya se solicitó el cambio del estatus en el portal para que de nuevo sea reconocida la DGCyT como el operador oficial, señala Dany Lider Thompson, director de la entidad. Pagar las cuotas de membrecía de la UPU a tiempo facilita recibir asistencia técnica, aunque no se especifica más que como “intercambio de experiencias y conocimientos para mejorar la calidad del servicio postal”. Ni la UPU ni la UPAEP sancionaron a Guatemala por el tiempo que no se prestó el servicio postal.
Guatemala, como miembro de la UPAEP desde 1921, ha ratificado los protocolos adicionales, el reglamento general, de cooperación técnica, las resoluciones y las recomendaciones, según se puede ver en la página web de la organización. Thompson participó en el congreso de la UPAEP realizado en México en 2017, y Guatemala ha estado representada en otras reuniones de la organización, lo que ha permitido que se reciba cooperación técnica en materia operativa, gracias a un proyecto aprobado por los consejos consultivo y ejecutivo de la UPAEP, en noviembre de 2018, que consiste en brindar apoyo para la adquisición de una plataforma para el rastreo de paquetería internacional, la capacitación para su utilización y la adquisición de un equipo de rayos x y de detectores de metal, señala Thompson.
Aunque se solicitó a la DGCyT conocer el monto de las cuotas de membrecía ante la UPU y la UPAEP, este no fue entregado. Por su parte la UPAEP se excusó de compartir este dato, al indicar que no es su competencia sino de cada país o territorio miembro.
Anteriormente, el servicio postal contaba con 252 agencias distribuidas por todo el país; pero en la actualidad, solo 28 agencias están prestando el servicio de manera parcial, ya que “solo se están entregando las piezas postales que provienen de cualquier parte del mundo”, mediante una llamada previa a cada destinatario realizada desde las oficinas centrales en donde se les informa para que pasen a una de las agencias.
Las agencias funcionan en todos los departamentos, excepto en Petén, y hay departamentos como Santa Rosa, Izabal, Guatemala y Huehuetenango en donde funcionan agencias en varios municipios. Sin embargo, Thompson indica que otras cuarenta instalaciones de agencias están en proceso de recuperación, ya que se encuentran en posesión de la concesionaria y tiene previsto que, para final de 2019, 68 agencias estarán en funcionamiento parcial de recepción, distribución y entrega de piezas.
De igual manera comenta que, se encuentra en proceso la adquisición del servicio aéreo internacional que permitirá transportar las piezas postales de Guatemala hacia otros países, servicio que esperan ofrecer entre mayo y agosto de 2019. Thompson asegura que, el servicio postal público será operado por la DGCyT y que no existe intención de concesionar el servicio a un ente privado. El funcionario explica que, mantener tarifas y “precios de los distintos servicios asequibles” es una de las ventajas de que el servicio postal sea público, ya que la naturaleza de la función pública “no es el lucro sino la prestación del servicio”.
Roberto M. Samayoa O.
Colaborador
Revista GERENCIA
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