Violencia, el acoso de la sociedad

Guatemala figura como zona roja entre el conjunto mundial de las naciones.

Las cifras abundan y varían según la fuente. Sin embargo, hay algo que es común en todas y es el hecho de que los niveles de inseguridad han rebasado los límites soportables por los guatemaltecos.

Y los empresarios no son ajenos a este fenómeno. Más bien se han convertido en víctimas comunes que cada vez más ven con desconsuelo cómo se reducen sus índices de productividad afectados por la violencia.

Dicen los más conservadores que los presupuestos mensuales de las empresas deben incluir un 8 por ciento de su total para intentar garantizarse que no serán víctimas de la delincuencia.

Pero esa es una cifra que se dobla para quienes son más abiertos, pues creen que en realidad la mayoría de negocios llegan hasta el 15 por ciento.

Según cifras del PNUD, nuestro país presenta una tasa de homicidios superior a 30 casos por cada 100 mil habitantes.

Algunas cifras dan cuenta de que en la región centroamericana ocupamos el cuarto lugar en cuanto a la inversión para combatir la violencia. el Salvador ocuparía la primera posición, seguido de nicaragua y Honduras.

Estos cálculos nos ubican como una zona roja entre el conjunto mundial de las naciones. así lo muestra con sus estadísticas el informe regional de Desarrollo Humano 2013-2014, presentado recientemente en el país por el Programa de las naciones Unidas para el Desarrollo (PnUD), en el que aparecemos entre los países con tasas de homicidios superiores a los 30 casos por cada 100 mil habitantes.

La cifra relativa se ha reducido en los últimos cuatro años, pasando de 46 a 34. esto en términos absolutos significa una baja de unos 6,440 homicidios, en 2009; a los 5,252, en 2013. claro que aquí debe hacerse notar que aún con la disminución notoria, las cifras del año pasado muestran que se perdió la tendencia a la baja que se venía registrando a partir de 2009, pues el año pasado superó a 2012, pasando de 5,155 a 5,252 muertes violentas.

Si a lo anterior agregamos que entre 2009 y 2013 hubo un aumento en población de 1 millón 421,327 personas, la disminución de la tasa de homicidios ya no resulta tan significativa, pues a más población la tasa siempre se reducirá.

Pero la historia no ha sido la misma en el caso de los delitos contra el patrimonio, donde se incluyen los hurtos y robos a vehículos, motos, peatones, residencia, comercios, iglesias, turistas, bancos y unidades blindadas.

Aunque entre 2012 y 2013 hubo una disminución, todavía no se ha logrado reducir la diferencia respecto a 2011. en el primer año de gobierno del Partido Patriota los delitos contra el patrimonio sumaron 17,767 casos. el año pasado fueron 17,283, es decir que hubo 484 casos menos. Sin embargo, en 2011 solo se registraron 17,188 incidentes, por lo que aún con la rebaja entre 2012 y 2013 no se ha logrado mejorar la cifra de 2011.

Los estudios

Varias han sido las investigaciones, cualitativas y cuantitativas, que se han hecho en torno a los costos de la violencia en Guatemala.

en 2006, edgar alfredo Balsells conde produjo un documento para el PnUD, en torno a este tema. Para entonces, las cifras ya eran alarmantes. el costo de la violencia en Guatemala rondaba los US$2,387 millones, lo que representaba el 7.3 por ciento del Producto interno Bruto (PiB).

Una publicación del diario español aBc, en 2010, daba cuenta de que en el año 2000 el costo de la violencia en Guatemala respecto al PiB era de 6.7 por ciento, una cifra que para 2008 se estimó en 10.1 por ciento.

Guatemala, entonces, según el estudio del PnUD, se ha constituido en el país centroamericano con el costo más elevado para enfrentar la violencia en términos absolutos, pues debido al tamaño de las economías, al hacer los cálculos individuales y proporcionales, países como el Salvador resultan con una tasa superior. Por ejemplo, el mismo estudio dice que para el Salvador, en 2006, el costo ascendió a US$2,010 millones, sin embargo, en términos relativos ese costo respecto al PiB significó el 11 por ciento.

María del carmen aceña, investigadora del centro de investigaciones económicas nacionales (cien) en el área de seguridad, dice que, aunque se ha avanzado la situación sigue siendo complicada y ha generando una percepción mucho mayor de lo que la realidad muestra.

María del Carmen Aceña,
investigadora del CIEN.

Según la analista hay varias situaciones que dan lugar a estos resultados. Por un lado está la débil institucionalidad del país, por otro que no hay carreras profesionales para la Policía nacional civil y el Sistema Penitenciario, lo que redunda en el poco apoyo de estas instituciones al proceso de reducción de la violencia. Y una última condición que se relaciona directamente con el narcotráfico es que, en el país circula mucho dinero por el trasiego de drogas y eso también genera conflictos que llevan a hechos violentos.

El estudio del PnUD da cuenta de que del total de los costos de la violencia en Guatemala, el 40.97 por ciento, corresponde a la seguridad privada, con un monto de US$978 millones. De ese total, US$405 millones corresponden al costo de las empresas, US$404 al clima de inversión y otros US$169 a los hogares.

Esto significa que las empresas gastan entre un 8 y un 15 por ciento de su presupuesto total mensual en contrataciones de guardias de seguridad, sistemas técnicos de seguridad y otras herramientas para intentar garantizar que sus negocios no sean víctimas de la delincuencia.

Carolina castellanos, directora ejecutiva de la cámara de comercio Guatemalteco-americana (amcham) comparte de alguna manera este análisis.

Carolina Castellanos, directora ejecutiva de la AMCHAM.

Pero agrega que el problema es más serio de lo que parece.

Por ejemplo, castellanos menciona los pagos por extorsiones que deben hacer muchas empresas para evitar que sus plantas, vehículos o personal resulten siendo el blanco de algún ataque.

Hay casos en los que los delincuentes exigen poco, pero hay otros en los que las cifras son verdaderamente elevadas. Puede irse desde los Q300 semanales hasta los Q3 mil mensuales. aunque por razones obvias no revela nombres, cuenta que una de sus empresas agremiadas debe pagar Q300 mensuales por camión distribuidor de los que posee y cuenta con una flotilla de 3 mil camiones. entonces, eso significa que cada semana debe erogar Q900 mil para el pago de la extorsión. a ello debe agregar el pago de los sistemas GPS de cada vehículo, más un guardia de seguridad que acompaña a los pilotos, pues se corren el riesgo de que otros grupos delincuenciales ajenos a quienes les extorsionan puedan tomarlos como blanco de sus ataques.

Otras visiones

Phillip chicola, director de Gestión Pública del comité coordinador de asociaciones agrícolas, comerciales, industriales y Financieras (CACIF), la entidad que aglutina al más grande grupo empresarial organizado del país, también estima que la inversión en seguridad para las empresas anda en torno al 15 por ciento.

Phillip Chicola, director de Gestión Pública del CACIF.

Esa cifra, dice, atenta contra la competitividad del sector productivo en términos reales. “Guatemala invierte en seguridad para sus empresas más que cualquier otro país de Latinoamérica y eso reduce su capacidad de competir en el mercado internacional”, advierte el vocero del CACIF.

Chicola considera que el problema de la inseguridad en el país posee diferentes efectos en los distintos niveles empresariales. Menciona que, para los grandes empresarios el costo financiero es alto, pero con ello disminuyen las posibilidades de ser un blanco para la delincuencia.

Sin embargo, “ese no es el caso de los pequeños y medianos empresarios”, dice. ellos carecen de facilidades económicas para protegerse, pero de todas formas tienen que gastar en extorsiones de las que son víctimas, entonces forzosamente erogan recursos y eso va desmedro de su competitividad.

Si los costos se incrementan, los precios de los productos para el consumidor final también y ese es el gran problema de fondo en términos comerciales, dice chicola, pero advierte que el verdadero problema está en la ineficiencia de las autoridades para controlar este flagelo.

Jorge Briz Abularach, presidente de la CCG.

Jorge Briz abularach, presidente de la cámara de comercio de Guatemala, coincide con las percepciones de chicola. Pero en su análisis agrega los problemas que la violencia genera en la productividad empresarial, no sólo en términos de la producción en sentido estricto, sino en las afecciones que provoca en quienes hacen posible esa producción.

Briz menciona que un trabajador no puede dar todo su potencial cuando se encuentra bajo estrés. cómo no tenerlo si el solo hecho de pensar que si sale un poco más tarde le puede costar ser asaltado o, incluso, tendrá que pagar hasta entre Q2 y Q4 quetzales más de pasaje. Y esto es en el mejor de los casos.

Si el trabajador es víctima de un asalto la situación empeora, primero por su salud personal y segundo por los gastos para su recuperación. ello incluye que debe ser suspendido por el seguro social y esos días no podrá aportar a la productividad de la empresa.

En fin, se trata de ciclos perjudiciales para los trabajadores como personas y para las empresas. es dinero que nadie recupera y que se convierte en costos que luego deben ser trasladados al precio de los productos finales.

Carlos Rodolfo Muñoz Piloña, capitán retirado del Ejército.

Desde el ojo de quien presta seguridad

Carlos Rodolfo Muñoz Piloña es un capitán del ejército en condición de retiro. como propietario de una de las empresas privadas de seguridad que funcionan en el país actúa también como presidente de la gremial de estas empresas.

Muñoz Piloña dice que la situación, en términos financieros, se comenzó a complicar desde que se cerró la Policía Militar ambulante (PMa), un grupo militar que prestaba los servicios de seguridad a empresas sin que ello significara un costo elevado para el sector privado.

ahí también comienza el auge de las empresas de seguridad privada, comenta, pues la demanda se incrementó y con ella también la oferta. “ahora es común ver a un guardia privado o hasta dos en casi cualquier comercio”, dice el militar retirado.

Pero a ello se agregan otros servicios como la vigilancia a través de cámaras de video, puertas eléctricas y blindadas, portones eléctricos, talanqueras manuales o eléctricas, alambre espigado sobre las paredes del tipo Razor Ribbon y rejas de metal hasta en las tiendas más pequeñas. Todo ello tiene un costo y ese costo se suma siempre al precio final de los productos.

Ello implica que los guatemaltecos debemos absorber los costos de la violencia desde todo punto de vista. Si somos consumidores pagando ese precio incrementado y si somos empresarios perdiendo competitividad frente a otros productores de países que no enfrentan este problema y cuyos precios, por ende, son más bajos, pudiendo posicionarse mejor en el mercado.

Preocupante resulta entonces revisar los niveles de violencia en el país y más aún cuando en el último año se ha notado un incremento en muchos rubros, incluidos los homicidios, si se comparan con los indicadores que se han venido manejando durante los últimos tres o cuatro años.

Los delitos contra la propiedad subieron en 2012 respecto a las cifras de 2011, y aunque el año pasado se redujeron, aún siguen siendo superiores a los de 2011. Y en el caso de los homicidios, un leve repunte de casos se registró en 2013, perdiéndose la tendencia a la baja que se traía desde 2009.

La inseguridad sigue siendo el cuco de los gobiernos guatemaltecos. Y aunque muchos creen que se trata de un discurso trasnochado, la realidad es que mientras no se hagan cambios estructurales en este país, las condiciones de inseguridad no variarán hacia el lado positivo, pues seguimos con bajos niveles de educación, altos niveles de pobreza y pobreza extrema, así como altos índices de corrupción y opacidad en la administración de la cosa pública.

Mientras esas condiciones no cambien, los guatemaltecos tendremos que seguir viviendo en este clima de inseguridad que nos tiene al borde de la desesperación.

Carlos morales monzón
Periodista y Consultor
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