Un modelo de seguridad público privada
La seguridad se considera el principal bien público. La ciencia política seria reconoce que esta es la razón primordial por la que se constituye un gobierno. Uno que a su vez ha monopolizado el uso legítimo de la violencia, porque es el ente al que recurrimos para que nos brinde seguridad, resuelva disputas y haga regir contratos. Visto de esta manera, existen dos tipos de bienes y funciones públicas, la seguridad y todas las demás.
Esta caracterización obedece a un orden jerárquico en donde primero viene la seguridad y, solamente después, todo lo demás que atañe al gobierno.
La seguridad persigue el fin de proteger al ciudadano ante todo. es decir, debe priorizar sobre la defensa nacional, debido a que la autoridad moral que respalda el poder político reside en pueblo, no en el estado conformado para proteger al pueblo. es preciso tener en cuenta que esta tarea obliga al gobierno a priorizar resultados concretos en materia de protección de los ciudadanos sobre cualquier otro factor.
Pareciera que el discurso político en nuestra región ha olvidado esa premisa tan simple. Y vaya que pagamos las consecuencias de nuestra ignorancia colectiva. De los 10 países más violentos en el mundo, según la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, ocho son del caribe o centroamérica. entre ellos está Guatemala, con alrededor de 34 homicidios por cada 100 mil habitantes. en su conjunto, centroamérica es la segunda región más violenta del mundo, después de Sudáfrica.
A pesar del abismo en el que hemos caído, hay quienes todavía ven el uso legal de la fuerza por parte del estado como un atentado en contra de los derechos humanos. nada más lejos de la verdad. el uso de la fuerza por parte de un gobierno en busca de la ley y el orden es para brindar seguridad a los ciudadanos. entendido así, la seguridad es un derecho humano.
Si un gobierno no brinda seguridad, la legitimidad gubernamental se degrada y con ella la confianza pública de representar una fuente valida de bienes y soluciones a problemas de acción colectiva.
La realidad
En esa situación estamos hoy en Guatemala y en la región. La inseguridad se ha tornado insoportable. Obviamente, va a costar recursos económicos recuperar la tranquilidad doméstica.
Todos reconocemos que el estado no puede estar ausente de este gran esfuerzo de las sociedades centroamericanas y caribeñas. He aquí el problema, porque padecemos una brecha de confianza entre quienes pagan impuestos y quienes los gastan.
Los que tributan rechazan la petición de más impuestos gubernamentales, puesto que, según organizaciones internacionales como el Banco Mundial, el Foro económico Mundial y Fund for Peace, los gobiernos latinoamericanos destacan por contar con altas notas de criminalidad y corrupción, y bajas notas en confiabilidad del sistema político.
La situación en Guatemala se acoge al resultado del Dilema del Prisionero, problema fundamental de la Teoría de Juegos -desarrollado por Merrill M. Flood y Melvin Dresher en 1950-, que plantea que cada parte, en este caso gobierno y ciudadano, no coopera aun sea en beneficio de ambos.
En síntesis, queremos seguridad y estaríamos dispuestos a pagar (de nuevo) por ella, pero no confiamos en las entidades públicas a cargo de los tributos y de la tarea de lograr los resultados en materia de seguridad.
Afortunadamente, existe una gama de posibles soluciones pragmáticas a este dilema. Una de ellas, sería una alianza público-privada para la recuperación de la seguridad, pero con parámetros claramente establecidos.
Un modelo de seguridad público-privada que cuente con la fuerte presencia y el liderazgo del sector privado organizado. esto por varias razones.
El sector privado paga el total de los impuestos recaudados. está consciente de cómo la inseguridad ahuyenta el emprendimiento y la inversión nacional y extranjera, y de cómo golpea las utilidades y la contratación de colaboradores productivos. además, el sector privado organizado goza de una cantidad de gerentes dotados de competencias que a menudo le hacen falta al estado: capacidad, criterio y, sobre todo, una madura apreciación de la gestión por resultados.
Parámetros claros
Un impuesto de Seguridad sería de gran beneficio si: se destina específicamente a la seguridad y caduca automáticamente en una fecha determinada, que para efectos ilustrativos puede suponerse a diez años futuro.
Este impuesto recaudaría tributos que irían a un Fondo de Seguridad, gestionado por representantes del sector privado organizado, con metas claras que incluyan fechas límite para distintos puntos de avance.
Se conformaría una mesa técnica compuesta por expertos en seguridad, desde los sectores público y privado, hasta expertos en derechos humanos, que incluya por lo menos a uno que comprenda que la aplicación del castigo no es en sí una violación a los derechos.
Este esquema ofrecería beneficios concretos. incentivaría la eficiencia y el logro de resultados en materia de seguridad, al estar manejado por parte de quienes pagan los impuestos. La seguridad se pondría al servicio del bien común y el sector social contaría con más criterio, conocimiento, capacidad y competencias.
Asimismo, las instancias del sector público dedicadas a la seguridad estarían bien acompañadas, monitoreadas y lideradas hacia el logro de resultados en temas de seguridad, crimen y delincuencia.
De esa forma, la transmisión de conocimientos y competencias del sector privado al sector público dedicado a la seguridad, tendría beneficios en forma de externalidades positivas para que otras instancias del aparato estatal replicarán el concepto e incorporaran las lecciones aprendidas.
Nicholas Virzi Arroyave
Economista
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