Seguridad para el crecimiento socioeconómico

Cuando se piensa en un lugar para habitar con la familia o para invertir en negocios, la seguridad pesa, así como la cercanía con el resto de familiares, el clima del país, las oportunidades laborales, la calidad de la educación para los hijos y el costo de la vida, que se encarece por la inflación y por cargas por las que debiera responder el Estado, como la protección de la integridad física de los ciudadanos y otras necesidades sociales.

Carolina Castellanos, directora
ejecutiva de la Cámara Guatemalteco
Americana de Comercio (Amcham).

Carolina Castellanos, la directora ejecutiva de la Cámara Guatemalteco Americana de Comercio (Amcham), una institución que vela por la competitividad y la modernización del comercio, reconoce que la inseguridad en Guatemala es un problema de urgencia nacional que, entre numerosos factores, afecta a las empresas que destinan entre un 10% y un 12% a la protección de sus bienes, a esto se suman las cifras por extorsión que pagan los negocios que transportan mercancías.

Atravesar las rutas se ha vuelto una pesadilla, sobre todo en el occidente y el oriente del país. Sumado a ello, el empresario no tiene forma de comprobar a cuánto asciende el valor de la extorsión, por lo que esta se ciñe a la confianza de lo que su personal le notifique. Y esto sucede en los diversos sectores de la industria: alimentos, agricultura, construcción, combustible, artículos para el hogar, por mencionar algunos.

La directora explica que esta situación es una realidad tanto para los negocios grandes como para las pymes. Las empresas gastan alrededor de US$243 millones anuales en la contratación de agentes de seguridad privada, más el pago por las extorsiones en las carreteras. Estas cifras son el talón de Aquiles para la imagen del país en el exterior y merman considerables oportunidades de desarrollo.

A decir de Castellanos, la situación puede cambiar, pero “no por la vía de un impuesto de seguridad como sucedió en Colombia”. En donde las empresas aceptaron pagar en virtud de los graves conflictos, y porque era evidente la transparencia en el manejo de los recursos, pues aconteció sobre la marcha de acciones concretas. Este impuesto mejoró la seguridad, pero también la educación, la salud y el bienestar social; por ello, quienes pagaron el impuesto se vieron recompensados con las mejoras a la economía en general.

María del Carmen Aceña,
investigadora del CIEN y analista
económica.

De esta forma, los colombianos redujeron el índice de homicidios por cada cien mil habitantes, de 68 a 32; duplicaron su fuerza policial, y pasaron en poco tiempo de una inversión extranjera de US$5 mil millones a US$16 mil millones. Pero, “en Guatemala aún no se ve un plan de trabajo que garantice la estrategia de seguridad del gobierno”, y la corrupción se ha vuelto eterna.

Aun así, el gobierno habla de mejoras en su tercer informe anual. En donde advierte que el país pasó de 39 a 31 homicidios por cada cien mil habitantes, entre 2011 y 2014, y que de 22 mil policías efectivos aumentó a 34 mil, con metas de concluir 2015 con 35 mil agentes de la Policía Nacional Civil. Pese a las cifras, mucho del problema radica en la calidad. La investigadora del CIEN y analista económica, María del Carmen Aceña, comenta que el gobierno acortó el período de estudio para graduar más policías en menos tiempo. Y olvidó que “de nada sirve tener más policías si no cuentan con capacidades”.

Por otro lado, el desafío que generan las extorsiones es descomunal. En los últimos tres años, hubo un alza del 21% en la incidencia de este delito. Aunque Aceña explica que el número se refiere a las denuncias, porque no se ha podido establecer cuántas son resueltas y si hay más víctimas de la delincuencia, ya que dejaron de hacerse las encuestas de victimización que aportaban un panorama más preciso. “Si la población no confía en las autoridades, no denuncia. Y aunque se ha logrado sistematizar cierta información, no se sabe cuántos sufren extorsión, robo o problemas con la propiedad”, reitera.

El coronel Mario Mérida es de quienes opinan que los cambios que está efectuando el gobierno en la institución policial a nivel de dirección, son positivos y encaminados a encarar el tema de la seguridad. “Los mandos que está nombrando poseen maestrías, cursos de especialización y un tiempo de servicio que les permite aportar su experiencia y fortalecer una de las áreas más sensibles”, dice el también director del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos de Seguridad.

Mérida considera que el nuevo mando policial está en capacidad de formar policías con más preparación y más actualizados, con lo que espera se dé una respuesta efectiva al tema de las extorsiones. Por otro lado, invita a los futuros gobernantes a tomar en cuenta las acciones realizadas por este gobierno, ya que el plan estratégico identifica las variables que se deben atacar para reducir la delincuencia común y la criminalidad. “Si comienzan de cero, vamos a seguir con los mismos números o con números más altos”, advierte.

La incidencia del delito de extorsión aumentó un 21% en los últimos tres años.

Lo que es un hecho, es que los ciudadanos y el sector empresarial demandan más seguridad para la vida misma y para los negocios. Felipe Bosch, presidente de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), declaró en Prensa Libre que “esperan que los avances y seguimiento a las acciones preventivas del Gobierno permitan llegar a 20 o 25 homicidios por cada cien mil habitantes”.Asimismo, ratifica que “la prevención es vital para la ciudadanía”; por ello, insiste en que “así como surgió la responsabilidad social empresarial, la población en general ayude a construir una cultura de denuncia, porque de esa forma se pueden reducir los índices de criminalidad”. Esto lo hace recordar un campaña norteamericana que advertía: “si sabe algo, cuente algo”, lo que pueden hacer los guatemaltecos en los números 110 y 120.

El Encuentro Nacional de Empresarios Enade 2014, organizado por la Fundesa, por segunda ocasión se centró en el tema “Seguridad ciudadana y cultura de conveniencia”; con ello, los diferentes sectores de la sociedad guatemalteca y de la región manifestaron su interés por contribuir a este debate para la generación de un Plan Estratégico de Seguridad y Justicia.

Las empresas gastan
alrededor de US$243
millones anuales
en la contratación
de agentes
de seguridad privada.

“La inseguridad nos afecta a todos, a los empresarios pero también a la sociedad civil”, advierte Bosch. Coincide con Castellanos en que ahuyenta las inversiones y aleja nuevas oportunidades de empleo, razón por la que es urgente tomar medidas.

A estas acciones se han unido analistas como Aceña, quien cuenta que “han trabajado fuerte en los últimos cuatro años para darle seguimiento a los sectores que componen el área de seguridad y justicia: Ministerio de Gobernación, Ministerio de la Defensa, Ministerio Público, Organismo Legislativo y Organismo Judicial. “Hemos ahondado en los temas: prevención de la violencia, policía nacional civil, sistema penitenciario y, este año, comenzamos con investigaciones en el MP”, asegura.

Julio César Aguilar, security & risk
control de Goldcorp.

La prioridad de la seguridad se refleja en la asignación de recursos del Presupuesto General de la Nación, el que la ubica en la tercera casilla a nivel de importancia y que, comparado a años anteriores, ha recibido el 25% más. Pero aún hacen falta acciones estratégicas, como las mencionadas por la investigadora del CIEN, que sugieren la creación de una carrera policial y de guardia penitenciario.

La falta de certeza del castigo es otro problema subrayado por Aceña. “Más de la mitad de personas detenidas no tienen un juicio concluido; por lo tanto, no cuentan con una sentencia”, explica y agrega que, al año se registran más de 5 mil homicidios, pero que solo a unos mil se les da seguimiento.

Para Aceña, el gobierno está en el tiempo justo para dejar un legado con la creación de un Plan Estratégico de Seguridad y Justicia, que incluya la carrera de los agentes de migración, de la policía y del sistema penitenciario, acciones para el control del crimen organizado y del narcotráfico en la región y la propuesta de metas para la reducción de cinco delitos, ya que “por las debilidades institucionales de poco servicio, los tres países del triángulo norte estamos ubicados entre los de mayores desafíos en el tema de la violencia”, dice la analista, quien considera al sistema penitenciario el patito feo de esta administración.

El Ministerio Público forma parte de los sectores clave el área de seguridad y justicia.

Si de ejemplos se trata, Aceña insiste en la exitosa experiencia de Colombia. Pero, también en instituciones guatemaltecas que podrían dar luces al gobierno para trabajar las fuerzas de seguridad, “como el ejército, que cuenta con miembros de carrera y que posee más de cien años de trayectoria, y el Banco de Guatemala, en donde una persona puede comenzar desde el primer nivel y llegar a ser el presidente”.

Seguridad en la empresa

Julio César Aguilar, security & risk control de Goldcorp, dice que “constitucionalmente, la seguridad es un tema de Estado que compete al gobierno por medio de sus ministerios de gobernación, para la seguridad interna, y de defensa, para la seguridad exterior”, y que ello implica “el resguardo de las fronteras y la integridad del territorio”, pero que son aspectos que no se efectúan a cabalidad y que dejan grandes vacíos en el cumplimiento del deber”, de allí la importancia de recurrir a los servicios de autoprotección, seguridad privada y medios de protección electrónica.

De la misma forma, Aguilar menciona que “las empresas se ven forzadas a implementar dentro de su organigrama la gerencia de seguridad. Encargada de proteger los diferentes activos, con base en el análisis de las amenazas, riesgos y vulnerabilidad. Lo que se extiende al campo nacional, regional y, en algunos casos, mundial, como la delincuencia organizada y el crimen transnacional”.

Servio Camey, presidente del Comité
de Seguridad de la Amcham (Osac)

La gerencia de la seguridad es indispensable para repeler las acciones de los diversos grupos sociales que operan bajo la sombra de algunas agrupaciones. Entre ellas, bloqueos y manifestaciones a diferentes escalas, que dañan la infraestructura y generan pérdidas económicas o humanas; por ejemplo, en hidroeléctricas, minas y petroleras. Pero también, es la encargada de resguardar la infraestructura, la imagen, la información y la integridad física de los colaboradores.

Aguilar plantea un enfoque integral de la seguridad, tanto a lo interno de la compañía como hacia afuera. “Esto quiere decir que, la gerencia de seguridad no debe aislarse dentro del entorno de la empresa, sino que debe ir más allá y enfocar sus esfuerzos con base en la integración de las fuerzas de seguridad pública y otras organizaciones que puedan colaborar a generar un entorno seguro, con riesgos y amenazas mínimas, identificadas y controladas”.

Estas ideas son compartidas por Servio Camey, el presidente del Comité de Seguridad de la Amcham (Osac), quien está convencido de que la seguridad debe ser integral y no reactiva. “Cuando la seguridad reacciona es porque todo lo demás falló”, advierte.

Para Camey, el gerente o jefe de seguridad debe pertenecer al staff de primera línea en la empresa. Y su relación debe ser de confianza y de participación en los procesos de toma de decisiones. “El experto en seguridad es un analista nato. Es un consejero que contribuye en todas las áreas. Por ejemplo, si ve un tomacorriente en riesgo, avisa al jefe de mantenimiento para prevenir un problema mayor”, explica.

A la vez, Camey dice que una persona con esas capacidades solo puede provenir de la academia. Es decir, producto de la capacitación. “Un gerente de seguridad debe ser colegiado, debe poder firmar un documento, responsabilizarse por obtener certificaciones para la empresa y ser un experto en seguridad física, estratégica, analítica y de prevención. Además, debe poder hacer boletines con recomendaciones para salvaguardar la vida y la integridad de las personas no solo a lo interno, sino que prevenga amenazas en el trayecto a sus casas, en sus casas, en los colegios… Y esa no es una tarea que estén asumiendo los gerentes de primera línea”, asegura.

También explica que hoy en día los gerentes desean a un jefe de seguridad que sea una eminencia, pero que le quieren pagar como que fuera “el chavo del ocho”, refiriéndose a las capacidades del personaje. Por la importancia del tema, Camey recomienda a los gerentes otorgar tiempo a los jefes de seguridad para que se capaciten, vayan a cursos, a clases, a estudiar, y que les hagan un contrato en donde firmen que los réditos serán para la empresa que los apoyó, que les otorguen becas o medias becas para que puedan controlar todo tipo de situaciones, que van desde narcotráfico, pasando por extorsiones, hasta la colocación de rótulos de evacuación o la tenencia de extinguidores.

La ventaja es que hoy en día las universidades cuentan con una novedosa oferta en criminología y criminalística, tanto a nivel de diplomados, como de licenciaturas o maestrías. Aunque esta cultura aún es lejana en Guatemala, es un ejemplo exitoso que nos han heredado las compañías transnacionales. “Así funciona el mercado moderno, responde a las exigencias actuales en donde la jerarquía es primero “safety” y segundo “security” (primero la vida de las personas y después todo lo relacionado a la empresa), pero con un alto nivel de profesionalismo”.

La inseguridad sigue siendo la constante en el país, por ello, lo mejor es no desatender los riesgos y salvaguardar los frentes, porque, como dice Camey, “a la empresa se le debe cuidar, incluso, de sí misma, para que no cometa ilegalidades”.

Ileana López
Directora
Revista GERENCIA
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