Seguridad en la construcción, sin mayores normas ni controles
La construcción es uno de los sectores más importantes en la economía guatemalteca. Pero también, es de los más inseguros. La falta de controles, normas y reglamentos adecuados, se convierten en los peores enemigos de quienes trabajan en esta área.
Ver obras de construcción en donde los trabajadores carecen de elementos básicos para su seguridad, es común en este país. Eso hace que los accidentes sean frecuentes y, en oportunidades, hasta mortales.
Datos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) dan cuenta de que, el 35.2 por ciento de los accidentes mortales en la construcción, se han generado por caídas de personas desde alturas considerables, por carecer de equipos que garanticen su seguridad. Un 9.5 por ciento de los casos mortales han sido a consecuencia de caídas de objetos por desplome o derrumbamiento.
Las caídas a distintos niveles no sólo son mortales, también ocupan el primer lugar en la generación de lesiones graves que, incluso, pueden dejar inhabilitado a alguien para trabajar o hasta para garantizar su movilización autónoma.
Aunque existen reglamentos municipales y de seguridad social para evitar o al menos reducir este tipo de lamentables situaciones, pocos son los que los ponen en práctica. Pero lo peor, pocas son las sanciones para quienes los incumplen.
En el IGSS existe el Reglamento General sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo, que incluye previsiones para trabajos en las áreas de motores, transmisiones y máquinas, calderas, electricidad, elevadores, transporte y andamios, por ejemplo. Las sanciones se mueven en el rango de entre cien y mil quetzales si se trata de la seguridad y la higiene, mientras que entre 25 y 250 quetzales, si se habla de violación a disposiciones preceptivas.
Las cifras pueden explicar por sí solas, de alguna forma, el por qué el irrespeto. Al igual que en la mayoría de leyes guatemaltecas, los regímenes sancionatorios no representan efectos realmente disuasivos para los infractores, por lo que les resulta más barato pagar las multas que implementar planes de seguridad.
Para empezar, la corrupción es un punto desfavorable para los trabajadores, ya que en muchas ocasiones aunque se tramitan las licencias de construcción, estas incumplen con la presentación de los planes de seguridad que se deben exigir para su otorgamiento. Algunas municipalidades ni los exigen y en otras la situación puede solventarse a través de algún arreglo económico. La mayoría de comunas se limitan a la parte de la tasa por concepto de emisión de licencia, pues les representa ingresos. El resto pierde importancia para estas entidades.
Una licencia de construcción puede estar entre los 50 y los 50 mil quetzales, según la envergadura de la obra. Una excavación puede estar en el límite más bajo, mientras que instalar una antena para telefonía en el más alto.
En su tesis de graduación como Ingeniero Civil, Walfred Elías Taracena Jiménez asegura en sus conclusiones que “en gran parte de la industria de la construcción no se ponen en práctica las normas de seguridad y esto es un factor que contribuye al alto porcentaje de accidentes que ocurren en los diferentes proyectos”.
Taracena también advierte que existe una serie de equipo disponible para garantizar la protección personal, el cual si es utilizado podría incidir directamente en la disminución significativa de accidentes.
El problema es que en los reglamentos municipales de construcción se carece de medidas de seguridad para las personas que trabajan en las obras, pues se limitan a establecer normas para la estricta construcción, es decir las medidas que debe tener el inmueble para otorgar seguridad a quienes lo habiten, nunca para quien lo construye.
Así las cosas, el único reglamento que en realidad vela por la seguridad de los trabajadores de la construcción es el del IGSS, pero tiene el problema de no contar con mecanismos reales de control. Es decir que no hay supervisión efectiva de la entidad para corroborar que en las obras se ejerce realmente bajo las condiciones que el reglamento indica.
En opinión del ingeniero Fernando Álvarez, dedicado a la obra civil, tanto a nivel público como privado, la realidad es que los principales encargados de establecer las medidas de seguridad debieran ser el Ministerio de Trabajo y el Seguro Social. Los reglamentos municipales debieran hacer referencia a lo que estas entidades establezcan. Sin embargo, reconoce que aunque existen reglas de seguridad del IGSS, no hay quien les de seguimiento.
Pero no solo entidades públicas y constructores tienen culpas en este asunto. Los trabajadores, dice Álvarez, también tienen lo suyo. “Hay empresas que los proveen de equipo de seguridad y no lo utilizan”, dice el profesional de la ingeniería.
Pareciera que hay una falta de cultura general en muchos temas de la vida social, pero fundamentalmente en los temas relacionados con la seguridad. En el caso de la seguridad vial, por ejemplo, es común ver a los motoristas con los casos colgando en un brazo y no puestos en la cabeza, como se debe, para que cumplan su función protectora.
En tales condiciones, los trabajadores están a merced de la buena voluntad de los propietarios de las constructoras. Las normativas existentes no ofrecen las garantías necesarias y las que las ofrecen carecen de mecanismos de control para hacer que las reglas se cumplan. Lo anterior parece dejar clara la necesidad de buscar cambios en la línea de proteger más al ser humano que, al final de cuentas, es quien más aporta productivamente en un una obra.
Carlos Morales Monzón
Periodista y Profesor Universitario
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