Riesgos de la judicialización de la política
Lo que hoy sorprende a propios y extraños es un viejo mal que el país viene sufriendo desde hace mucho tiempo. El uso y abuso del sistema judicial con fines políticos no es nada nuevo; desde hace mucho tiempo el proceso de nominación de altas autoridades para las diversas cortes de justicia ha sido sujeto de presiones y manipulaciones por grupos políticos interesados en controlar la justicia para sus propios intereses; unos para asegurar su participación en el proceso electoral a toda costa, otros para descarrilar a peligrosos contendientes de la carrera y allanar su camino hacia el poder. Una vieja práctica que no distingue líneas partidarias, ideologías políticas o cargos de elección popular; una vieja práctica que justifica todo en nombre del poder; una vieja práctica que contamina todo tipo de proceso electoral, desde colegios profesionales hasta federaciones deportivas y cualquier otra instancia en donde se manejen fondos públicos y se escojan autoridades por algún tipo de mecanismo electoral.
Lo que ahora se está viviendo en materia judicial son tan solo síntomas de un problema más grave que se viene gestando desde mucho tiempo antes: la cooptación de la justicia por parte de grupos de poder. En este caso particular, la elección de magistrados para las más altas cortes del país con fines distintos a la justicia misma. Con el fin de garantizar fallos favorables para los políticos “amigos” de la casta de jueces a cargo de los más altos tribunales del país y fallos contrarios para quienes representen un peligro para esta particular alianza de intereses.
Para nadie es desconocido que la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, Cortes de Apelaciones, Corte de Constitucionalidad y Tribunal Electoral representan un botín político muy valioso para quienes tienen la potestad final de decidir quiénes resultan nominados para este cargo; controlar la “justicia” es importante para asegurar la “protección” de quienes ejercen el poder de manera abusiva y para “castigar” selectivamente a quienes puedan interponerse en su camino. Basta con voltear a ver los casos extremos de Nicaragua y Venezuela para ver la degeneración absoluta de este mal; en ambos casos, los jueces terminan siendo serviles sirvientes de la clase gobernante.
La judicialización de la política, como ha dado en llamarse a este fenómeno, es tan solo una de manifestación más de la manipulación de la administración de justicia con fines particulares. Este excesivo y antojadizo uso de los mecanismos legales con fines electorales es tan solo un eslabón más de una larga cadena de acciones que buscan perpetuar la impunidad y debilitar el sistema de pesos y contrapesos de una democracia. En ausencia de jueces independientes, no existe posibilidad alguna de ejercer efectivamente la división de poderes. En otras palabras, la cooptación del sistema de justicia tiene como último fin favorecer la concentración del poder político en pocas manos, de manera que quienes ejerzan el poder no estén sujetos a los sistemas republicanos de control político y administrativo y puedan hacer lo se les venga en gana.
La elección de magistrados a las distintas instituciones públicas
ha sido un botín político que controla la justicia
Más allá de cuán correctas, legalmente hablando, hayan sido las decisiones judiciales que han cambiado la configuración del paisaje electoral en las últimas semanas, lo que no se puede negar es que tal activismo judicial terminará afectando grandemente la legitimidad de quién resulte electo en la carrera presidencial y de las futuras autoridades judiciales que deben elegirse dentro de poco tiempo. Sin demeritar lo peligroso de este tipo de acciones, lo más grave de la manipulación de la justicia con fines políticos es que, quien puede manipular a jueces y magistrados en beneficio de su propio interés, tiene a la mano una poderosa herramienta para hacer lo que se le venga en gana.
Tal como lo demuestran los casos de Ortega y Maduro, el control de las cortes de justicia ha permitido a estos dos autoritarios personajes ejercer el poder de manera omnímoda: desde perseguir violentamente a la oposición hasta acallar a la prensa independiente, pasando por manipular elecciones de todo tipo; reprimir salvajemente a su propio pueblo; adueñarse del tesoro público; restringir las garantías individuales básicas, y; reírse de las amonestaciones de las organizaciones políticas internacionales.
La manipulación de la justicia con fines electorales es tan solo el primer paso en esa resbaladiza pendiente que conduce hacia el autoritarismo. Un proceso en donde las cortes terminan siendo meras certificadoras de la supuesta legalidad de acciones arbitrarias y la injusticia por parte de quienes detentan el poder. Todo es legal, más nada es justo.
Como bien lo decía el editorial de elPeriódico del pasado 18 de los corrientes, “por más que la clase política trate de cuidar las formas y cumpla con todos los ritos que manda la letra muerta de la ley, lo único real de esta práctica es que, en última instancia, solamente busca neutralizar la efectiva separación de poderes, inutilizar a los órganos de control político y administrativo y hacer de la población una esclava de la clase política”.
Hugo Maul
Consejero Editorial
Revista GERENCIA
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