Retos para la nueva Fiscal General
El Presidente de la República designó, de la nómina de seis candidatos que le remitió la Comisión de Postulación, a la doctora María Consuelo Porras como la nueva Fiscal General de la República.
Cualquiera podía haber sido electo, porque contaban con idénticas posibilidades y altas calidades profesionales y éticas para desempeñar adecuadamente dicha función, algo que había sido previamente filtrado en el proceso de selección y prácticamente validado por análisis y opiniones de la mayoría de organizaciones de la sociedad civil y otros observadores.
Lo que no está tan claramente precisado es la forma en que la nueva administración acometerá los retos pendientes y la velocidad a la que podrá alcanzarlos. El más discutido de ellos es si continuará con la política criminal elaborada por la actual fiscalía o promoverá una nueva, especialmente para extender la cobertura del MP a otros lugares del país en que la falta de presencia crea un importante vacío.
En relación a los casos que ya “están en marcha” y se debaten en diferentes fases en tribunales, no hay mucho margen para modificar -o manipular- sustancialmente alguno de ellos. El avance en las investigaciones de “la línea”, “cooptación del estado” y otros, es visible y socialmente fiscalizable y la inercia no permitirá cambios de rumbo que no sean producto de la propia dinámica judicial.
Uno de los retos, más importantes y de trascendencia para el futuro a corto plazo, será continuar con la transferencia de capacidades que le pueda hacer la CICIG y, sobre todo, la adquisición y consolidación de las propias, tanto en la capital como en los diferentes departamentos del país.
Fiscalías como la de delitos contra la vida, de la corrupción y de lavado de activos, deberían tener más extensiones en el territorio y abarcar espacios ahora vacíos. Un nuevo y mayor presupuesto será necesario para tal fin y deberá obtenerse del gobierno que salga en las próximas elecciones e incluso en compromisos previos con los diferentes candidatos que opten a la elección presidencial.
Las relaciones de dependencia/interdependencia con la CICIG será otra cuestión a analizar. Por ahora, el mandato está vigente hasta el último tercio del próximo año 2019 y se deberá prorrogar en función de decisiones políticas que deberían, a mi juicio, incorporar criterios de oportunidad legal. ¿Estamos listos como país para tener un MP independiente que luche eficazmente, sin CICIG, contra la delincuencia organizada? Posiblemente, esta sea la pregunta más difícil de contestar y también la postura más compleja de defender, lo que abre la puerta para continuar con el Convenio vigente o incluso generar uno nuevo y diferente -de segunda generación- en el que la CICIG se integre al MP como órgano asesor y y de acompañamiento, asesoramiento y transferencia de capacidades.
Finalmente, por reducirlas a unas pocas, la búsqueda de colaboración interinstitucional: MP-CICIG-GobernaciónInteligencia, supondrá otro reto para la fiscal Porras. La nueva administración de gobernación no promueve la colaboración que mantuvo la anterior, mucho más complaciente en este campo, lo que requerirá de tacto, prudencia y buenas relaciones que es preciso generar y cultivar
Por otra parte, el actual nivel de percepción positiva del MP -sin que ello excluya una parte también negativa- dificulta hacerse cargo de una institución en esas condiciones de “popularidad”, importante reto del que no todos pueden salir airosos. Cada quien hace las cosas diferentes y su personalidad se refleja en la dirección y gestión, pero no puede sustraerse de comparaciones, especialmente al introducir la variable de la visión que tiene el ciudadano -nacional y del mundo- de cómo están las cosas en el país.
Es decir, lo previsible será un cierto continuismo en el MP -una lenta velocidad de cambio si es que se produce- para evitar una abrupta ruptura de sensaciones que enrarezcan las relaciones interinstitucionales y el apoyo social e internacional.
Independientemente de cualquiera de los escenarios internos que se establezcan, una serie de acontecimientos políticos se pueden producir e incidir, en mayor o menor grado, en la nueva dirección de la fiscalía. La confrontación que el Ejecutivo mantiene con CICIG/MP y las trabas que han surgido desde la llegada del nuevo ministro de Gobernación, han incidido en el buen nivel de relación que mantenían ambas instituciones.
Algunos operativos se han visto afectados por filtraciones que alertaron a las personas buscadas y una inusual carta pública del propio ministro de Gobernación -enviada a la CICIG, para pedir la aclaración de ciertas actuaciones, y contestada por el organismo internacional levantó ampollas, subió el nivel de acusaciones y terminó evidenciando el auténtico propósito de los reclamos. Lo anterior se vio corroborado y reforzado por una sucesión de hechos encadenados que revelan una estrategia en la que la creación de escenarios de riesgo a la seguridad nacional podría ser utilizada para promover soluciones drásticas y generar un clima políticosocial polarizado y muy poco saludable.
La nueva Fiscal General, no lo tiene fácil ni mucho menos, pero es un reto que ha aceptado y en el que hay que depositar la confianza suficiente para permitirle comenzar sin más limitaciones que animarla a hacer las cosas en ley. No se trata únicamente de velar por la correcta persecución penal, también hay que tener cintura política para cuestiones más “finas o frágiles” que sin duda se vendrán en los próximos meses. Lidiar con tensiones o posturas encontradas al interior de la propia institución, solicitar la prisión preventiva como norma, reducir o acotar las conferencias públicas de casos nuevos y la aplicación de la justicia de una forma más continua, son algunos de los desafíos “extras” a incluir en el listado de la señora Porras.
Pedro Trujillo Álvarez
Consejero Editorial
Revista GERENCIA
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