Reformas necesarias: el cómo y el qué
Guatemala da luces de estar atravesando un punto de inflexión en su evolución política moderna. Desde la renuncia de los exmandatarios Roxana Baldetti y Otto Pérez Molina por presiones derivadas de los escándalos de corrupción, la lucha por la transparencia y en contra de la impunidad, la situación pareciera avanzar en torno a una mejor institucionalidad del país. Pero, no es necesariamente así. Una cosa es que se saque a los malos de los puestos de poder político; otra, es la forma en que se hace. La institucionalidad debe analizarse desde el “cómo” y el “qué”.
El cómo
Las reformas y mejoras que se han ejecutado en el poder político y legal desde hace años, deben generar preocupación. Porque no hay peor remedio que acudir a lo que es peor que la enfermedad. El concepto leninista de que los fines justifican los medios, no es un principio sobre el cual se pueda construir una república libre. Para dejar esta lógica clara, cabe examinar un ejemplo. Pregunta: ¿Queremos vencer al crimen organizado? Respuesta: Sí. Propuesta: Quitemos el derecho de todo ciudadano de estar libres y seguros en sus personas, Reformas necesarias: el cómo y el qué “Las leyes y regulaciones no brindan soluciones sino costos de oportunidad” Nicholas David Virzi Arroyave
En Guatemala, las leyes y regulaciones no brindan soluciones sino costos de oportunidad. Propiedades y efectos. Seguramente, al quitarles a los guatemaltecos sus derechos individuales, el Estado podría avanzar en la lucha contra el crimen organizado. El problema es que, una “solución” como tal es peor que el problema que se intenta resolver. De hecho, la manera correcta de pensarlo es que las leyes y regulaciones no brindan soluciones sino costos de oportunidad.
Casi ninguna solución estatal es un beneficio puro, sino un beneficio neto de costos. Para determinar si vale la pena adoptarla, es preciso tener en cuenta los costos, incluyendo los riesgos, sobre costos potenciales. Pensemos en cómo se están dando las reformas. En primer lugar, sin la intervención extranjera no pasan ni las buenas, ni las malas. Eso en sí da lugar a que surja la pregunta ¿Cuándo se retiren los americanos, los guatemaltecos habríamos creado la institucionalidad necesaria para luchar contra la corrupción de forma endógena y autónoma? En segundo lugar, sirven a nuestros intereses los cambios, o sirven a los intereses ajenos.
Claro está, las dos cosas no son mutuamente excluyentes Algo puede ser del interés de Estados Unidos y, al mismo tiempo, del interés de Guatemala. El libre comercio entre los dos países es un claro ejemplo. La prosperidad de Guatemala es otro, así como la transparencia y la solidez institucional de Guatemala. Pero una cosa son los intereses de los países y, otra, los intereses de los gobiernos de turno de esos países. No es del todo seguro que los intereses del gobierno de turno reflejen los intereses de su mismo país, y mucho menos los intereses de otro país. Esto se complica cuando hablamos de la injerencia de la “comunidad internacional”, no solo de un país. Si la presión política llega a las cortes, es fácil ver cómo llegará a los diputados que hacen las leyes. Aquí vemos las presiones que entran en los cálculos políticos de los diputados, aunque exista poco apoyo de la población guatemalteca.
Claro ejemplo se tiene con el tema de Ley de Juventud, que tiene más que ver con los intereses de los viejos político, que con los intereses de los jóvenes y sus padres de familia. Los viejos políticos quieren una nueva instancia estatal que ocupar, y complacer al progresismo internacional, fuertemente representado en las embajadas activas en Guatemala. El interés del progresismo internacional es entrometer al Estado entre padres e hijos, por el tema de la educación sexual, y su contenido preferido al respecto de preferencias sexuales, aborto e identidad de género. Tarde o temprano, pasará una ley de esta índole que poco reflejaría las preferencias políticas de la mayoría de los guatemaltecos. Otro ejemplo serían las iniciativas de “fortalecer” a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Aquí se ve un claro ejemplo de subordinar la SAT al Ministerio de Finanzas Públicas, por quienes creen que volverán a ejercer control sobre esa importante instancia. Con la notable excepción del actual Ministro, la persona designada para ser Ministro de Finanzas Públicas suele ser del partido de turno, por lo que le encomiendan la suma responsabilidad de supervisar todo aspecto, de lo más importante para quienes se quieren perpetuar en el poder.
Si bien, no todas las propuestas han sido del partido, igual se hacen de la vista gorda sobre el tema del robo del erario público. Someter a la SAT, y de cualquier manera al Ministerio de Finanzas Públicas, sería abrir la puerta al terrorismo fiscal y a la opresión política, pero como los ponentes de las iniciativas son del agrado temporal de las fuerzas externas, los nuevos caballeros, en caballo blanco, son incuestionables en sus motivos. ¿Queremos reformas? Hagámoslas nosotros, y pensando en el cómo. Los extranjeros vienen y se van. Nosotros nos quedaremos con el país que construimos, o nos construyen.
Nicholas Virzi Arroyave
Colaborador
Revista GERENCIA
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