Lo pendiente y las posibles consecuencias
Este año 2019 que recién comienza, a diferencia de otros, concurren ciertos hechos significativos y trascendentes en la vida pública de los que es necesario hablar, pero sobre todo analizar. El primero, por ser más antiguo, es la designación del Contralor General de Cuentas (CGC), pendiente desde el pasado año al retrasarse la confección del listado de aspirantes por la correspondiente comisión.
La convocatoria mal redactada por el Congreso -en lo que se puede suponer como error involuntario, pero también presumir de doloso- tiene a la gestión político-administrativa parada. En todo caso, la certeza es que, a la fecha no hay Contralor nombrado -más allá de uno interino- y eso podría afectar la emisión de importantes documentos como es el finiquito, requisito indispensable para poder participar en el proceso electoral próximo.
¿Comprende usted ahora por qué pudiera haber sido intencionado el error? Da la sensación -hay que pensar mal para acertar- que todo obedece a una maniobra programada en el tiempo para que puedan darse amplios márgenes de negociación entre los partidos respecto del funcionario que deberán designar y, a su vez, que los aspirantes preseleccionados cuenten con mensajes claros de a quienes deben favorecer -o no ponerles impedimentos, al menos- con la emisión del finiquito necesario, además de otras cuestiones trascendentes para el futuro como sería no escarbar en las cuentas de los partidos y/o líderes políticos. ¡Vamos!, lo de siempre, pero formato más descarado y evidente.
No es, sin embargo, el único evento pendiente e importante. La elección de magistrados de sala y de la Corte Suprema de Justicia, será otra batalla para librar. La experiencia anterior indica que la lucha continuará, pero sin operadores conocidos -ahora procesados- que tradicionalmente presionaban para incluir jueces afines a sus intereses. Por tanto, sin aquellos -aunque otros pueden ocupar ese espacio- además de una vigilancia más precisa de la sociedad, seguramente se pueda continuar optimizando el proceso y pensar que la elección de los magistrados se aproximará bastante a lo deseable, tal y como ha ocurrido con otras Comisiones de postulación, como fue la encargada de seleccionar a los aspirantes a Fiscal General.
Esos jueces y magistrados serán los que entiendan de muchos de los casos relacionados con acusaciones pendientes a partidos políticos e integrantes de estos, además de procesos inacabados que seguramente aflorarán este año y deberán ser abordados por los diferentes tribunales. Esa forma de ir “haciendo justicia” a través de un sistema en el que abogados defensores y tribunales podían pactar casi todo -particularmente fuera del marco legal- será algo cada vez mas esporádico y fortuito. Seguramente, algunos diputados y alcaldes buscarán crear un muro de impunidad en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para evitar antejuicios que se les vienen y pocos se atreven a enfrentar, sobre todo si hay materia suficiente para levantarlos.
Finalmente, el proceso electoral de 2019 será el evento más importante y del que saldrá la nueva administración pública para el período 2020-2024. A pesar del momento que vivimos, a la fecha hay un 50% de candidaturas definidas y todas ellas con algo en común: no cuentan con programa conocido y no han definido el horizonte político ni mensajes claros que permitan a los votantes elaborar escenarios de futuro.
Las reformas a la ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) crean un ambiente de incertidumbre en el que tanto candidatos como medios de comunicación no saben moverse con seguridad ni con libertad. El miedo a las sanciones, multas o incluso prisión, cuando no cierre del partido, aconsejan prudencia, aunque no silencio. Seguramente lleguemos a mediados de marzo sin saber con precisión qué piensa hacer tal o cual candidato o que se propone desde las diversas plataformas políticas, lo que impide una elección informada y libre.
En definitiva, el panorama nacional 2019 se presta, más que en otras ocasiones, para transas, negociaciones, acuerdos varios y lo único que suele ser verdad bajo ese cúmulo de palabras grandilocuentes: el chantaje. Los eventos pendientes ponen en bandeja de plata a estos nuestros políticos inescrupulosos el escenario adecuado para que a final de este año estén designados quienes mejor conduzcan el país a un nuevo sistema no precisamente de ética y bondad, sino de mafias articuladas sobre modelos evolucionados, que han aprendido de los errores y seguramente sabrán saltarse la legalidad vigente como siempre han hecho o bien manipularla.
En enero 2020, habrá una nueva administración y hay que asegurar el futuro. Poner las bases sobre las que se debatirá el futuro de muchos de quienes ahora ocupan cargos públicos es necesario para asegurar la impunidad o que el debido proceso no se inicie, y se prolongue esa inmunidad de la que ahora gozan algunos, que les permite evadir la investigación y, consecuentemente, conocer la verdad y comenzar los procesos judiciales que correspondan.
La ciudadanía no debe asistir pasiva a toda esta dinámica, porque establecer unas buenas bases de partida es necesario para construir un futuro mejor que lo que hemos tenido hasta el momento. No perder los avances obtenidos y reconducir los errores es necesario para no seguir en ese carril poco adecuado que lleva el país. Muchos no desean que las cosas cambien, se dignifiquen, que se sustente la gestión publica en valores y principios y que la ética prevalezca por sobre el uso interesado de recursos públicos. Sin embargo, es deber ciudadano hacer las cosas para que el futuro sea mejor.
Veamos que ocurre con las designaciones pendientes de CGC, jueces y magistrados y cómo queda el panorama político nacional para 2020. Nos jugamos mucho más que el futuro inmediato.
Pedro Trujillo
Consejero Editorial
Revista GERENCIA
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