Lo bueno y lo malo de los pactos colectivos

Lo bueno y lo malo de los pactos colectivos los pactos colectivos de condiciones de trabajo son herramientas que los sistemas laborales del mundo encontraron para garantizar mejores condiciones para los empleados de una institución pública o privada.

Como puede imaginarse, estos se logran con la presión que facilitan las acciones de organizaciones sindicales.  Sin embargo, en Guatemala, la experiencia da muestras de abusos en la afirma de estos convenios bipartitos, principalmente en casos de la administración pública, pues se establecen acuerdos que sobrepasan irracionalmente las capacidades financieras del Estado. Incluso, hay situaciones en las que los abusos traspasan lo financiero, por ejemplo, cuando se pactan los derechos hereditarios de las plazas que ocupan algunos o todos los trabajadores sindicalizados.

Estos abusos han llevado los pactos colectivos de condiciones de trabajo a un nivel, en el que el rechazo de la población se ha hecho patente. Tan así, que incluso organizaciones de la sociedad civil, proclives a favorecer los movimientos sindicales, se manifiestan hoy día contrarias a la firma de estos pactos por los excesos que se plasman en muchos de ellos, pues promueven la falta de productividad en un Estado urgido de generar condiciones adecuadas para todos sus habitantes.

Por supuesto que no todos piensan así y hay quienes defienden puntos de pactos que consideran favorables. En los últimos tres años, la revisión de varios pactos colectivos se ha hecho realidad, principalmente a raíz de la denuncia que, en 2016, hiciera el entonces presidente del Congreso de la República, Mario Taracena, sobre los jugosos salarios de los trabajadores de ese organismo, producto del cumplimiento de pactos colectivos de trabajo. Para entonces, se reveló que los colaboradores de mantenimiento ganaban cantidades que superaban los Q20 mil mensuales. El encargado de parqueos del Congreso, por ejemplo, se supo que ganaba Q24 mil y que había algunos empleados administrativos que ganaban incluso el doble de lo que gana un diputado.

Los casos más escandalosos de los últimos tiempos, además de lo hecho público sobre el Congreso, han sido los pactos colectivos de los ministerios de salud y educación.  Este último, quizás sea el más reciente, pues se encuentra en trámite de aprobación que, como nunca en la historia, ha encontrado una serie de escollos generados precisamente por el rechazo social a los abusos.

[metaslider id=»6200″]

El pacto colectivo de educación que está en proceso significaría para el Estado, solo en su primer año de aplicación, alrededor de Q5 mil millones distribuidos en aumentos efectivos, bonos de profesionalización y otras prebendas para la dirigencia magisterial. El primero en evidenciar su desacuerdo con estas negociaciones fue el ministro de Finanzas Públicas, Julio Héctor Estrada, quien aduce que el Estado no está en condiciones financieras adecuadas para enfrentar erogaciones de esa cuantía, aun cuando acepta que pudiera conseguirse financiar el monto, pero advirtiendo que esa suma podría invertirse en otras áreas verdaderamente necesarias y urgentes para el país. Por supuesto que Estrada jamás ha dicho que los maestros del país no merezcan un aumento, pero sí ha dejado claro que las negociaciones de pactos colectivos deben hacerse sobre bases más reales de las capacidades del Estado.

Lo bueno y lo malo

El Ministro de Educación, Óscar Hugo López, en cambio, tiene otra visión. Según él, se trata del primer pacto colectivo de condiciones de trabajo negociado con los docentes del país, en el que no solo se habló de aumentos y prebendas para la clase laboral. Este pacto colectivo posee la particularidad de que también los maestros se comprometen a aportar acciones concretas para el mejoramiento de la educación en el país, asegura López.

Los docentes, en palabras del ministro, se han comprometido, por ejemplo, a cumplir los 180 días de clases que se han fijado como tiempo mínimo indispensable para agotar los pensum de estudios.  También se sujetarán a evaluaciones de desempeño que, como nunca había sucedido, darán pie a procesos de capacitación para aquellos que muestren de ciencias o bien su retiro si los casos fueran extremos.

El pacto colectivo de educación que está en proceso significará para el Estado, solo en su primer año de aplicación, alrededor de Q5 mil millones

Otro punto importante, de acuerdo con López, es que los docentes han aceptado sujetarse a los reglamentos administrativos y disciplinarios establecidos por la ley, de tal forma que habrá mayor certeza para ambas partes, patronal y laboral, en cuanto a los procesos de cumplimiento de los acuerdos y de las normas ya establecidas.

López sostiene que aumentos fijos solo se han negociado dos, uno del 5 por ciento que se basará en el nivel inflacionario que se registre cada año, como una indexación y otro de Q2,500 que recibirán todos los docentes, sin importar el escalafón en el que se encuentren. El otro es un bono de profesionalización que, por supuesto, solo recibirán aquellos que cumplan con obtener los grados académicos acordados, de tal forma que el ministerio se pueda ir asegurando de contar con personal realmente capacitado para cumplir su papel educador y formador de la niñez y la juventud.

Uno de los grandes retos que tiene el ministerio y del cual está consciente el titular de la cartera, es lograr especializar a los docentes en áreas de educación muy específicas, pues la universidad nos está preparando profesores generalistas, lo que no es malo, dice, pero admite que limita la posibilidad de mejorar las capacidades de los educandos en esas áreas.

Otro reto es mejorar la inversión del Estado en la educación. Guatemala cuenta con un presupuesto para su Ministerio de Educación que se estima representa el 2.9 por ciento del Producto Interno Bruto, pero estudios mundiales aseguran que el ideal es que sea del 7 por ciento. Cifras ofrecidas por el ministro López dan cuenta de que, en Finlandia, el Estado invierte entre Q85 mil y Q95 mil por estudiante. Mientras, Guatemala apenas invierte Q4 mil.

Verónica Spross, dirigente de la agrupación Empresarios por la Educación, es de quienes critican la existencia de los pactos colectivos de condiciones de trabajo, a menos en los términos en los que se plantean los que se han afirmado en el país. Ella considera que, Guatemala debiera transitar hacia lo que sus correligionarios consideran un “nuevo pacto educativo”.

El planteamiento de Empresarios por la Educación se basa en temas que le den una respuesta real a los problemas en el que exista un gana-gana entre el Estado y sus empleados. La incorporación de la meritocracia es, para ella, un punto medular de ese nuevo pacto educativo, pues recibirá mejoras económicas y de condiciones laborales, aquel docente que se ha esforzado y demostrado que con su trabajo construye mejores ciudadanos.

Los aumentos, dice Spross, deben estar basados en la evaluación constante, porque eso también incentivará a los docentes a permanecer actualizados en las nuevas tendencias de la educación. Los empresarios de la educación creen que es interesante promover bonificaciones, siempre y cuando se asignen a aquellos grupos que cumplen con los requisitos que se establezcan para garantizar altos niveles educativos. Todo ello promoverá la profesionalización docente, que es un pilar importantísimo para elevar la educación del país, como un centro toral del desarrollo de cualquier sociedad.

Revisar los términos

María del Carmen Aceña, exministra de Educación e investigadora asociada del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), presenta planteamientos muy parecidos a los de Spross. Hace hincapié en la meritocracia como un punto importante a tomar en cuenta a la hora de promover incrementos salariales. Solo aquellos que se merecen un incremento, deben recibirlo, asegura la exfuncionaria.

La meritocracia es un punto importante cuando se promueven incrementos salariales

Aceña cuenta que hace 10 años, el CIEN elaboró un estudio sobre el impacto de los Pactos Colectivos y se dieron cuenta que empezaron a comprometer recursos de manera ilegal, pues suscribían pactos sin conocer los presupuestos. Eso, sin lugar a duda, dice, solo puede calificarse como un abuso, por lo que consideran que deben cambiarse urgentemente las normas que dan lugar a los pactos colectivos, con el propósito de poner límites y techos a esas negociaciones.

En la negociación actual se está manejando una cifra que comprometería la inversión de Q5 mil millones y está comprobado que en los últimos dos pactos colectivos se invirtió mucho dinero y no se ha mejorado en nada la calidad educativa, mientras que la cobertura más bien ha venido a la baja. “Lo único que ha mejorado es el ingreso del maestro, pero lamentablemente los incentivos no han sido de beneficio para los alumnos ni para los niños y jóvenes que están fuera de la escuela”, apunta Aceña.

El CIEN propone que se revisen los términos de la negociación y se hagan incrementos basados en el esfuerzo de cada uno, que se apliquen bonos para aquellos que han pasado por el proceso de capacitación universitaria y se revise también el sistema de capacitación, pues se ha encontrado que quienes se capacitan en este sistema, tampoco han aportado elementos de mejora de la educación en quienes reciben los conocimientos.

En el tema legal, el CIEN también plantea sus dudas. Creen que hubo ilegalidades en el proceso de negociación del actual pacto en negociación. El Congreso, asegura Aceña, fue claro al legislar sobre los pactos colectivos y establecer que estos deben regularizarse previo a su autorización y eso implica un procedimiento. No estamos pidiendo que se anule la existencia de los pactos, asegura la exministra, lo que plantea la entidad que representa es que se tenga mucho cuidado con los compromisos que se adquieren, pues en muchos de ellos existen beneficios extra para los sindicalistas y no solo para los trabajadores.

La solución, según Aceña, está en el Congreso, pues solo en esa instancia se puede aprobar o improbar la ampliación presupuestaria. Y más aún cuando se está hablando de compromisos no solo para este año y para el otro, sino que se incluyen compromisos para 2020. Hay que recordar, dice, que el dinero para cumplir con los pactos colectivos de condiciones de trabajo en las entidades estatales sale de las bolsas de todos los guatemaltecos y, es por eso por lo que debe buscarse la forma de que no sean perjudiciales para el erario.

El dinero para cumplir con los pactos colectivos de condiciones de trabajo en las entidades estatales sale de
las bolsas de todos los guatemaltecos

Es evidente que la no aprobación del pacto colectivo que se ha firmado con los maestros en una primera fase del proceso puede generar enfrentamientos entre el ministerio y los docentes. Sin embargo los entrevistados creen que se debe actuar con toda la madurez necesaria y renegociar los términos de aquellos puntos para los que en realidad las finanzas del país no aguanten. De lo contrario, todos estaríamos colaborando para incrementar las deudas del Estado y siendo responsables de las malas decisiones que se tomen y de los malos efectos que puedan surgir para las generaciones venideras.

Los pactos colectivos no son malos en el fondo, lo que es malo es el procedimiento que se está aplicando para su negociación, que resulta de beneficio no solo para los trabajadores, sino porque generan prebendas para los dirigentes sindicales, las que son abusivas para una población pobre y ansiosa de una educación formal de alta calidad.

Carlos Morales Monzón
Periodista y Profesor Universitario
[email protected]