Ley de la SAT, reformas que no todos ven con buenos ojos
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) parece haber entrado en una nueva dinámica. Pero de eso no hace mucho. La llegada de Juan Francisco Solórzano Foppa es quizá la razón principal de la agilidad y fortaleza que parece ir cobrando la entidad.
Sin embargo, para que realmente cambie con perspectivas claras, sea quien sea que llegue a dirigirla, deben efectuarse cambios a la ley orgánica para que abandone prácticas obsoletas y también para blindarla contra el mal, que ya se vio que puede hacerle muchísimo daño.
Actualmente en el Congreso de la República se discuten una serie de reformas a la Ley de la SAT. El proyecto ya cuenta con el aval de la Comisión de Finanzas y Moneda de ese organismo, pero aún genera dudas entre algunos expertos, incluido el propio superintendente.
Mario Archila, un reconocido asesor legal en materia fiscal y tributaria, es uno de los que aun no están del todo convencidos con los cambios que se promueven. Por un lado, porque no cree que puedan ser unas buenas reformas si las están trabajando los mismos que aprobaron los cambios en 2012 y que fueron probadamente “tonteras”. Por otro, porque considera que tienen un tinte ideológico que en nada favorecerá a la justicia fiscal.
El superintendente Solórzano, en cambio, aunque sostiene que esperaría más, acepta que se conforma de momento con lo que se pretende aprobar en el Legislativo, principalmente en los temas del directorio y de la información bancaria, precisamente dos temas que no comparte Archila.
Aunque aún falta camino por recorrer y puede resultar cualquier cosa, como muchas veces ha sucedido en el Congreso, lo cierto es que hasta el momento la propuesta habla de integrar un directorio con solo cuatro personas: el Ministro de Finanzas, quien lo presidiría; dos personas electas a través de una comisión de postulación y que tendrían el reconocimiento de funcionarios públicos, a quienes se agregaría el Superintendente, aunque este último tendría voz, pero no voto.
Según Archila, un tema preocupante es remover la función técnica de establecer la meta fiscal, pues obliga al superintendente a cumplir una meta basada en los criterios personales de los miembros del directorio. Eso, según el experto, podría incidir en una persecución de los contribuyentes para, a toda costa, conseguir la meta, pues resulta lógico suponer que si el ministro preside un directorio que ordena y él lo que requiere es dinero para cumplir su propósito, entonces exigirá siempre cifras elevadas que tendrán que alcanzarse sin seguir criterios técnicos.
A juicio de Archila se está promoviendo una politización de la SAT, la cual resultaría perjudicial desde todo punto de vista. Y desde el punto de vista de remover el secreto bancario, Archila también prevé peligro en la medida “y cuidado porque le están inyectando un tinte ideológico que no será sano”, dice.
Para el analista, el problema de fondo es que con esta línea ideológica dirigida habrá más perjuicios que beneficios. Solórzano Foppa no lo ve así. El superintendente más bien cree que se va por el camino correcto, quizás no el mejor para todos pero “ninguna ley queda bien con todos”, argumenta.
El funcionario cree que las reformas le darán fortaleza a la SAT y también considera que así se podrán alcanzar las metas que se impongan. Si los contribuyentes saben que si no pagan les saldrá más caro que hacerlo, por supuesto que pagarán y eso generará una cultura de voluntariedad en el pago de los impuestos, asegura.
El funcionario es de la idea que casos como el de Aceros de Guatemala, con el que se logró reducir en parte la brecha fiscal de este año, son emblemáticos porque se demuestra que la SAT trabaja en la fiscalización y eso hará que otros que pretendan eludir o evadir, prefieran pagar antes que verse más perjudicados.
De momento, dice, se sigue trabajando en la investigación de otros casos, pues a partir de lo sucedido muchos han comenzado a pagar sin necesidad de medidas coercitivas. Para Archila, en cambio, la línea que se siguió en el caso de Aceros de Guatemala no fue la más adecuada. Es más, cree que mediáticamente, incluso, la empresa no debió pagar. Ellos, argumenta Archila, “creo que lo hicieron por razón de protección de su marca y de sus negocios”, se vieron atemorizados porque estaban teniendo efectos negativos en el giro de su negocio, ya que algunos ya no querían hacer negocios con ellos.
Las reformas caminan, lento pero caminan en el Congreso. Cambios aún pueden efectuarse, pues todavía deben volver al pleno del Legislativo en donde caben enmiendas a través de mociones privilegiadas. Lo que resulte está por verse. Pero de que hay que valorar todas las posiciones para que salga el mejor producto, eso definitivamente debe suceder.
El resto del trabajo estará a lo interno de la SAT, pues allí también pueden corregirse muchas cuestiones a partir de la actitud de quienes la dirigen y de quienes trabajan en ella. Esa es una filosofía del actual superintendente, quien advierte que uno de sus propósitos es que los guatemaltecos sepan que no se está pensando en poner más impuestos sino en lograr que los guatemaltecos paguen los que existen.
Si esto se cumple, no hay necesidad de ningún cambio. Lograr la voluntariedad en el pago de los impuestos, así como garantizar la facilidad de pago son dos aspectos importantes. Pero mucho depende de cómo salgan las reforma del Congreso.
Carlos Morales Monzón
Periodista y Profesor Universitario
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