Las reformas de la discordia

Todos, o casi todos los guatemaltecos, comparten la necesidad de efectuar una reforma constitucional que fortalezca al sector justicia. Sin embargo, como se dice en buen chapín, a la hora de rajar ocote, las diferencias de criterio salen a flote, pero más preocupante aún es que cada quien quiere imponer su criterio.

Las posiciones abundan. Desde las más positivas para que se apruebe el paquete presentado al Congreso por los tres presidentes de los organismos del Estado y avalado por 48 firmas de diputados para darle viabilidad legal, hasta quienes buscan descalificarlas por haber surgido en el seno del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Incluso fue motivo de disputa el hecho de que, si debieran o no haberse discutido en el hemiciclo parlamentario, habida cuenta de que por afectar algunas de ellas la acción directa de los congresistas, era obvio que no se aprobarían. Dicho y hecho, en la redacción final por artículos lo primero que fue desechado fue lo relativo al antejuicio. Era de esperarse que los diputados lo rechazaran y con mayor fuerza los del partido oficial y Movimiento Reformador, por cuanto muchos de ellos enfrentan procesos de antejuicio en los tribunales de justicia.

Mario Taracena, expresidente del Congreso de la República

Así se deshicieron del primer escollo. Ahora está a debate, suspendido desde ya para el próximo período legislativo que arrancó el 14 de enero, el tema de la jurisdiccionalidad indígena en la aplicación de justicia, es quizás el que mayores divisiones ha generado.

Confiado y decepcionado Mario Taracena, quien deja el cargo de presidente del Congreso a Óscar Chinchilla, dice estar confiado de que las reformas pasarán. Pero también lamenta que se haya desperdiciado la oportunidad de reformar el tema del antejuicio. “Este se quedó fuera porque hay muchos diputados procesados y otros muy temerosos de que la cosa camine y terminen presos”, dice el presidente del Legislativo hasta el 14 de enero.

Taracena, quien encabeza en el Legislativo el movimiento para empujar las reformas constitucionales, asegura que Édgar Ovalle Maldonado, subjefe de la bancada oficialista, es uno de ellos. Ovalle se encuentra bajo proceso de antejuicio por casos en el Congreso, pero también por delitos de lesa humanidad como Creompaz, lo que lo tiene con un arraigo declarado recién a finales del año pasado.

Pese a todo, Taracena, quien es criticado por su carácter espontáneo y directo en el trato para con el resto de diputados, dice estar confiado de que las reformas serán finalmente aprobadas, al menos en el Congreso.

«La propuesta no tiene la mejor redacción deseable y eso puede dar lugar a confusiones»

“Con el presidente Chinchilla se hizo un trato para citar a autoridades ancestrales al Congreso, con el fin de que expliquen y aclaren las dudas existentes en torno al tema de la jurisdicción indígena. Lo que se busca es que este tema pase aprobado en el Congreso lo antes posible y eso no será sino hasta la segunda quincena de enero”, afirma Taracena.

Pero allí no termina el calvario de la reforma constitucional. El siguiente paso es que el Congreso solicite al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la convocatoria a una consulta popular, en la que los guatemaltecos ratifiquen su acuerdo sobre los cambios hechos a la Carta Magna. Y la realización de la consulta requerirá de al menos 90 días, una vez hecha la convocatoria, pues es lo que dicta la ley.

Así es que, aun cuando la discusión está efervescente en el Congreso, para que las reformas queden definitivamente aprobadas “aún estamos verdes”, sostiene Taracena.

Argumentos opositores

Quienes no están de acuerdo con las reformas, tampoco es que las rechacen de tajo. Entre los argumentos de mayor realce destacan aquellos que aseguran que la “propuesta no tiene la mejor redacción deseable y eso puede dar lugar a confusiones lamentables”.

Stuardo Ralón, abogado constitucionalista.

Stuardo Ralón, abogado constitucionalista, es de quienes consideran que lejos de encontrar soluciones al sistema de justicia, con las reformas, tal como están redactadas, más bien podríamos adicionarle problemas.

Pero el principal inconveniente de origen, según este abogado, es que las reformas no fueron discutidas a profundidad, y luego la propuesta carece de una estructura jurídica que converja con el estamento legal guatemalteco.

Por ejemplo, menciona que se quiere introducir a costa de todo el principio de equidad, atropellando, por decirlo de alguna forma, el principio de igualdad ante la ley. Además, sostiene que para muchos resulta preocupante la creación del Consejo Nacional de Justicia, por cuanto debilita la posición jerárquica de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). “No puede anteponerse un poder superior a la CSJ, por cuanto esta es la máxima representación de uno de los tres poderes que constituyen el Estado, según nuestra Constitución”, argumenta Ralón.

«Las reformas constitucionales propuestas no fueron discutidas a profundidad y carecen de estructura jurídica que converja con el estamento legal guatemalteco».

Lo anterior sin contar que se trata de una figura que jamás apareció en la propuesta original de la reforma que surgió de las mesas de discusión. “Lejos de ser un tema de consenso, fue de disenso”, asegura el abogado.

Esta falla, entre otras, puedo calificarla como grave y atentatoria a nuestro sistema legal, pues varias de las reformas también podrían hacer perder certeza jurídica. Un caso específico es el cambio que se quiere hacer al artículo 203, relativo a los tribunales y la jurisdicción indígena. De aprobarse la reforma como se encuentra en la actualidad, será casi inexplicable determinar cuál de las jurisdicciones legales debe conocer algunos casos penales que surjan en comunidades indígenas, pues existirían dos sistemas paralelos y eso no es correcto ni adecuado.

El abogado dice estar preocupado por el entorno de la reforma, pues las discusiones que se están desarrollando a su alrededor no son las mejores y están marcadas por cierto sesgo. “Los mismos medios de comunicación no están ofreciendo información balanceada a la opinión pública y eso puede ser perjudicial para una reforma tan importante”, puntualiza Ralón.

Las discusiones en el Congreso están suspendidas y continuarán hasta el presente año. Pero lo que se vislumbra no es nada bueno, cuando existen posiciones tan encontradas en torno a lo que debe hacerse. Las reformas pasan por un momento complicado que, al parecer, podría ir suavizando solo el terreno de la convocatoria a más debates y posiciones mayormente argumentadas en una negociación gana-gana entre las partes en conflicto. Ello significa que para dejar sentadas algunas de sus posturas, cada sector deberá también ceder otras. Algo así como lo que en economía se llama costo de oportunidad.

Carlos Morales Monzón
Periodista y Profesor Universitario
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