Las implicaciones del pacto colectivo
Dentro del marco conceptual de calidad educativa desarrollado por la Unesco (Unesco, 2005), se identifica el aporte de los docentes como uno de los elementos esenciales para alcanzar la calidad educativa. Si bien, esta depende de la existencia de otros elementos como: infraestructura adecuada, la dotación de recursos materiales o el contexto socioeconómico de los alumnos, entre otros. No contar con un cuerpo docente motivado por seguirse capacitando y por dar su mayor esfuerzo para promover el aprendizaje dentro del aula, imposibilita el acceso a una educación de calidad, inclusive si el resto de elementos para proveerla existe dentro del establecimiento educativo.
Por ello, es crucial que el Ministerio de Educación (Mineduc) posea la capacidad de contratar al personal idóneo y pueda establecer un esquema de remuneración que recompense el buen desempeño y la profesionalización.
Los pactos colectivos dentro del sector público
En términos generales, un pacto colectivo (puede leer la normativa en el capítulo 3 del Código de Trabajo) busca regular las condiciones generales de trabajo (al establecer las responsabilidades y beneficios tanto para el trabajador como para el empleador) por un tiempo determinado. Asimismo, también puede ser un instrumento para mejorar las condiciones de trabajo existentes anteriormente.
La negociación de un pacto colectivo sucede tanto en el ámbito privado como público. Cuando el Código de Trabajo norma el proceso de negociación colectiva lo hace de forma general, sin establecer un procedimiento distinto para el sector público o privado. Por ello, cuando se negocia un pacto colectivo en el sector público, la parte empleadora es representada por funcionarios y políticos que están de manera pasajera en el cargo y que no cargarán con las consecuencias de sus decisiones en el largo plazo.
Los intereses de los trabajadores en esta negociación están representados por una dirigencia sindical que posee todos los incentivos para sacar provecho de la situación en su propio beneficio. En esta negociación no están adecuadamente representados los intereses del ciudadano, quien con sus impuestos financia este tipo de gastos y quien, finalmente, es el que sufre las consecuencias del mal servicio o la deficiente provisión de bienes públicos.
El Pacto Colectivo suscrito por el Mineduc
A mediados de febrero de 2013, el Mineduc, representado por la ministra Cynthia del Águila y el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), representado por Joviel Acevedo, suscribieron el pacto colectivo que actualmente se encuentra vigente en la cartera educativa.
Los artículos 27 y 28 del pacto colectivo versan respecto de los compromisos que adquieren el sindicato y los trabajadores del Mineduc para buscar de manera permanente la calidad en los servicios administrativos y educativos brindados. No obstante, del contenido de dichos artículos es imposible construir algún tipo de métrica de desempeño para evaluar la mejora que surgirá en los servicios administrativos y educativos, a partir de la firma del pacto colectivo. En contraste, los beneficios que se le otorgan al sindicato (inamovilidad laboral, licencias para capacitación y actividad sindical, el cobro de la cuota sindical, etc.) y a los trabajadores (licencias con goce de salario, aumento salarial, contratación de un seguro de vida, etc.) se encuentran claramente definidos.
Por ejemplo, el compromiso adquirido más conocido es el aumento salarial (artículo 53 del Pacto Colectivo) del 8% en 2013, 10% en 2014 y 12% en 2015.
Para tomar una idea de la magnitud financiera de dicho compromiso, a continuación se presenta la estimación realizada en el CIEN (2014): Según el Presupuesto General de Ingresos de 2013, el Mineduc tenía contratado a 202 mil 507 trabajadores. Si se supone que todo el personal tenía un salario base por lo menos igual al salario mínimo vigente en ese año (Q2,421.75), se encuentra que para 2015 se necesitará contar con aproximadamente Q700 millones para honrar dicho acuerdo.
No obstante, es importante recordar que los beneficios concedidos a partir de un pacto colectivo son irreducibles. Por lo tanto, los fondos adicionales no solo se necesitarán en 2015, sino se seguirán necesitando en el resto de presupuestos anuales del Gobierno. Situación parecida a una anualidad equivalente –sucesión de pagos del mismo monto que se realizan en intervalos de tiempo idénticos- En este caso, el aumento salarial representa una necesidad perpetua de fondos de manera anual, que en el caso del Mineduc es de Q700 millones.
Dado que el compromiso adicional perpetuo que adquirió el Mineduc es de Q700 millones, si hoy quisiéramos calcular el valor de dicha perpetuidad, necesitaríamos dividir Q. 700 millones dentro de la tasa de interés. En este caso un 8%, que es la tasa promedio en que se colocó la deuda bonificada de largo plazo.
Por ende, la mejor manera de dimensionar el compromiso financiero que se adquirió con el pacto colectivo del Mineduc es estimando el valor presente neto de la anualidad. Que da como resultado que el Gobierno de Guatemala adquirió un compromiso de por lo menos 8,739.25 millones (Ver Tabla 1). Este evidente compromiso económico no se encuentra claramente vinculado a un mejor desempeño por parte de los trabajadores del Mineduc.
El razonamiento evidencia que, las condiciones de trabajo negociadas a través del pacto colectivo firmado por el Mineduc, contemplan de manera explícita todos los beneficios que obtendrán los trabajadores.
Sin embargo, no hace explícito el desempeño que cada trabajador debe mostrar para hacerse acreedor de dichos beneficios.
Lo que genera un sistema de incentivos que cada vez aleja más al Mineduc de garantizar una gestión adecuada de su recurso humano, que brindará servicios administrativos y educativos de calidad.
David Casasola
Investigador CIEN
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Ref. CIEN. (2014). La Amenaza de los Pactos Colectivos en el Sector Público. Guatemala: CIEN. UNESCO. (2005). Educación para todos: el imperativo de la calidad. Francia: Unesco. Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre el Mineduc y los sindicatos proponentes, firmantes y adherentes de trabajadoras y trabajadores de dicho ministerio. Guatemala, 2013.