La seguridad en el gobierno actual
Carlos Menocal Chávez, exministro de gobernación en el gobierno de Álvaro Colom.
Los problemas de Guatemala son muchos e integrales. Pero si uno se percibe como mayor por la población, ese es el de la falta de seguridad. Las cifras no dejan mentir. Dieciséis muertos diarios por acciones violentas es para preocupar a cualquiera.
Se habla de una tasa de homicidios que ronda las 30 víctimas por cada cien mil habitantes. Para algunos quizás sea consuelo compararnos con nuestros vecinos del sur y con los centroamericanos, El Salvador y Honduras. El primero, con una tasa que dobla a la guatemalteca al rondar los 60 casos y, el segundo, con una que la triplica, pues supera los 90 casos, ambas por cada cien mil habitantes.
Y cómo no preocuparse, si la tasa promedio del mundo está ubicada en solo 6.2 casos por cada cien mil habitantes. Esa comparación abismal es suficiente para asustar a cualquiera que esté en sus cinco sentidos.
En Guatemala mucho se ha hablado del combate a la delincuencia y hasta de una reducción significativa, pues apenas 8 años atrás, la tasa de homicidios alcanzaba los 48 casos por cien mil. A la fecha, esa cifra se ha disminuido en 18 víctimas, pero pocos creen que sea por una real acción antidelincuencial, pues el número absoluto de víctimas diarias que se contabiliza, si bien no se ha incrementado, tampoco ha disminuido durante este período.
Digamos que se ha estancado en 16 víctimas diarias. Es decir que, lo más seguro es que la tasa ha bajado por un aumento notorio en el número de habitantes del país. Por supuesto que todo está basado en las proyecciones que se formulan por parte del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y de allí que se hable ya de la urgente necesidad de un nuevo censo poblacional.
Para algunos analistas se trata de problemas financieros que afronta el Estado y que le limitan la capacidad de acción en contra de la delincuencia que genera el ambiente de violencia; pero, para otros es la falta de capacidad de las autoridades para actuar.
Es más, la mayoría percibe la falta de una estrategia o planeación estratégica encaminada a cumplir con la política de seguridad que se ha trazado el Estado desde hace ya varios años. Prioridades, enfatizan otros.
Lo cierto es que mientras las autoridades reaccionan y rompen el silencio, pues sus apariciones públicas en este tema han sido contadas con los dedos de una mano, la población sigue percibiendo un ambiente lleno de violencia e inseguridad.
La voz de la experiencia
Carlos Menocal Chávez, ministro de gobernación durante los últimos dos años del gobierno de Álvaro Colom y responsable del inicio de la curva descendiente en la tasa de homicidios, reconoce que si algo bueno hay en este gobierno es el equipo nombrado para hacerse cargo de la cartera del interior. Su trayectoria de 15 años es buena, positiva y de muchos logros en materia de combate al crimen organizado, asegura el exfuncionario.
A juicio de Menocal, al escuchar al Ministro Francisco Rivas, la primera conclusión que se puede extraer es que su gestión le apostará a la investigación criminal. Este es un tema importante, continúa, pues los métodos de investigación son la base para un proceso efectivo de lucha contra la criminalidad. Y, a decir verdad, es algo que se perdió durante el gobierno del Partido Patriota, cuando se rompieron los esquemas existentes y se militarizó la investigación civil.
Por qué se dice que se rompieron los esquemas, pues simplemente porque mientras se venía fortaleciendo la investigación criminal, durante el gobierno patriota se dieron a la tarea de crear la Dirección General de Investigación Criminal (Digicri), que lejos de funcionar paralizó el proceso que se traía y más bien debilitó las estructuras de investigación de la Policía Nacional Civil (PNC) al restarle recursos para una entidad que no dio un solo fruto.
El gran problema para Rivas, en criterio de Menocal, está en el tema financiero. El Ministerio de Gobernación (Mingob) cuenta con una deuda estimada en Q1,000 millones, la que, si se revisa el presupuesto para este año, es una deuda impagable, pues con suerte el Congreso le asignó recursos para un apretado funcionamiento. Esa es una deuda que adquirió el gobierno Patriota, principalmente en tecnología y, lo que es peor, poco utilizable.
La falta de recursos hará que haya una merma en la promoción de agentes de investigación y un detrimento obvio en el fortalecimiento del área de inteligencia, todo lo anterior sin contar que con suerte podrá graduar unos cuantos nuevos agentes para incrementar su presencia territorial. En tales condiciones financieras, es muy probable que en la PNC se repitan historias como la falta de neumáticos, baterías para vehículos, lubricantes y combustible, pues sin dinero a lo que cualquier funcionario recurre es a cumplir con sus obligaciones más imperantes, las cuales casi siempre están centradas fundamentalmente en el pago de salarios.
Y para colmo de males, según Menocal, tampoco se visualiza respaldo político para el Mingob, ni siquiera de parte del propio gobernante. La conclusión del exministro se fundamenta en la reciente visita del presidente Jimmy Morales y su ministro de Finanzas al Congreso. Ambos llegaron con la intención de solicitar una emisión de bonos por Q1,600 millones, pero nada de esos recursos estarían destinados a Gobernación y eso, para Menocal, solo significa que el Mingob no está en la lista de prioridades de este gobierno, al menos para 2016.
Ausencia de prioridades
Y si de prioridades se habla, María del Carmen Aceña, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) para el área de seguridad, dice no percibir de las actuales autoridades la existencia de una lista de prioridades. Las políticas pueden existir y de hecho las hay desde hace años, pero eso no es suficiente si no se establecen prioridades para la acción, asegura Aceña. De hecho, la analista dice que si en algo se ha avanzado en los últimos años es en materia de seguridad y justicia, ha sido en la construcción de políticas. El problema es que ninguna de ellas se puede hacer operativa si no se cuenta con un plan de acción y eso es exactamente lo que ella ve en las actuales autoridades, la falta de planteamiento, de planes de acción concretos; es decir, la falta de prioridades para ejecutar las políticas.
A juicio de Aceña y del CIEN, el Mingob debiera trabajar sobre siete prioridades bien establecidas y necesarias.
La primera es el diseño de un Plan Estratégico que esté coordinado por el Consejo Nacional de Seguridad y que, por supuesto, tome en cuenta al Ministerio Público y al Organismo Judicial para que el tema de la seguridad sea integral y congruente con la política existente.
La segunda prioridad sería depurar, modernizar y profesionalizar a los agentes que dependen del Ministerio de Gobernación en todas sus áreas (PNC, Migración, Sistema Penitenciario, Investigación Criminal e Inteligencia Civil). Esta tarea incluiría el mejorar los procesos de reclutamiento, formación y capacitación.
Una tercera prioridad tiene que ver con la coordinación con los ministerios de Salud y Educación, así como con el involucramiento de las autoridades municipales de todo el país, para generar una agenda de prevención del delito que se dirija a los jóvenes más vulnerables.
Entre las prioridades también se debe incluir la evaluación del recurso humano, físico y financiero, pues urge diseñar un despliegue policial acorde a las necesidades del país, según los mapas de violencia.
Otra acción urgente es la del diseño de un plan para modernizar el Sistema Penitenciario, dotándole de un marco legal adaptado a la realidad, que incluya una carrera penitenciaria, control interno e inversión física para garantizar que se cuenta con infraestructura adecuada para el encarcelamiento de los delincuentes.
La construcción de un sistema nacional de inteligencia no puede quedar fuera de las prioridades, según el CIEN. Por eso es que lo incluyen dentro de su propuesta como un espacio de coordinación que permita generar información y análisis oportuno para tomar decisiones.
Y, por último, se habla de delinear un plan integral para reducir los índices de impunidad, involucrando activa y coordinadamente a todas las instancias del sistema de investigación criminal.
Con todas estas acciones prioritarias, dice Aceña, podríamos estarnos proponiendo como objetivo concreto para 2020, una reducción en la tasa de homicidios en al menos 5 por ciento. También se debiera trazar como meta el establecimiento de sistemas informativos estadísticos que permitan darle seguimiento medible a los resultados de las acciones, retomar el control de las cárceles y promover que el MP encabece un mecanismo multisectorial para generar una Política Criminal para el Estado.
Desde la academia
Édgar Celada, investigador y analista en temas de seguridad y justicia del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ipnusac), es claro y directo al afirmar que, desde su perspectiva y con conocimiento de causa, en el gobierno actual no existe una política pública definida en materia de seguridad ciudadana.
Para el experto, lo que ahora se puede observar es una inercia de lo que quedó del Mingob y el problema en ese ministerio es que, aun cuando las nuevas autoridades tengan capacidades demostradas como fiscales, han caído en una dimensión desconocida para ellas. No es lo mismo ser fiscal que ministro o viceministro de gobernación, apunta Celada.
En el Mingob actual, reina el desorden y los poderes paralelos y eso hace que las cosas no caminen con la celeridad que todo mundo esperaría. Y tanto el ministro como sus viceministros, han llegado entonces a un lugar al que no los conocen y que tampoco ellos conocen, lo cual les ha impedido armar equipos de trabajo que les permitan poner en acción sus planes, si es que los tienen.
El ministro Rivas tiene mucho trabajo por delante. Tiene que accionar en la reforma del Sistema Penitenciario y retomar el control de las cárceles, de lo contrario la reforma no puede ser efectiva. Otra acción inmediata debe estar enfocada, según Celada, en fortalecer la investigación criminal. Y es que, en la actualidad existe una especie de va cío dejado por la falta de acción real de la Digicri, lo que ha debilitado el accionar de las unidades de investigación de la PNC.
Lo anterior sin contar que debe trabajarse arduamente en la reforma policial, pero una verdadera reforma y no como la que se ha venido promoviendo, principalmente durante la gestión patriota, cuando Adela de Torrebiarte se dedicó nada más a conseguir computadoras y a ver que algunas comisarias y estaciones estuvieran pintadas.
En criterio de Édgar Celada, la reforma debe arrancar con una depuración a fondo y no con simples medidas administrativas, pues de lo contrario vamos a seguir viendo como a cada rato capturan a policías vinculados con el crimen organizado o cometiendo asesinatos por falta de control personal o estar en estado de ebriedad.
Un agente de policía profesional no puede prepararse en seis meses, como se ha venido haciendo. Su promoción requiere de un proceso más extendido, pero también de mejores condiciones laborales cuando egresan de la academia.
El mayor problema, asegura Celada, es que, de lo que puede percibirse hasta el momento, ni el presidente Jimmy Morales parece estar claro sobre lo que hay que hacer en materia de seguridad. Y eso es muy peligroso, porque si se sigue solo permitiendo que se actúe por inercia, podemos caer en niveles de acción policial poco deseables como la que se vio recientemente en Villa Nueva cuando se disolvió a un grupo de manifestantes con bombas lacrimógenas y se atacó con la fuerza a las personas.
Urge trabajar integralmente en la solución de los problemas, dice Celada, pues si no se eliminan las causas estructurales de la violencia y la criminalidad, se le siguen dando razones de existir a quienes ahora viven de delinquir. Pero debe hacerse lo antes posible. Al ministro Rivas aún le quedan unos meses para aterrizar, pero eso no debería de pasar de junio, ya que si deja que el tiempo siga corriendo, puede perder la batalla porque las fuerzas de la criminalidad se pueden fortalecer y será más difícil controlarlas y más aún eliminarlas.
Silencio oficial
Revista GERENCIA intentó conversar con las autoridades y consiguió una cita con el viceministro de seguridad, Ricardo Guzmán, casi al filo del cierre. Durante dos horas después de la hora agendada, se nos dijo que el viceministro Guzmán estaba reunido con el Ministro Rivas, por lo que fue imposible conocer su posición sobre el tema.
Lo único que se sabe de las prioridades de esta administración es que, en primer lugar, buscan recuperar la confianza de la población en las acciones policíacas y esperan que los pobladores se involucren en el proceso antidelincuencial a través de la denuncia de cualquier hecho delictivo.
Esto es parte de lo poco que se ha conocido de los planes de seguridad de las nuevas autoridades, pues en términos generales han sido muy herméticas y su presencia ante los medios de comunicación casi nula.
Lo único cierto, al final, es que la población espera resultados urgentes que las condiciones actuales parecen no facilitar.
Carlos Morales Monzón
Periodista y Profesor Universitario
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