La economía guatemalteca resiste la crisis política
La sociedad guatemalteca vive un ambiente de incertidumbre debido a los sucesos políticos desatados en Guatemala durante el presente año electoral: la crisis de institucionalidad del gobierno en combinación con la fiesta electoral, situación que plantea un panorama de dudas e incógnitas respecto al futuro del Estado y el rol de la sociedad civil en la política.
No obstante, la economía parece ser impermeable a la coyuntura actual. Según las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), las principales variables macroeconómicas mantendrán su tendencia histórica.
Algunas variables conservarán un ritmo estable, tal es el caso de la tasa del crecimiento del PIB que, según estimaciones del FMI, alcanzará el 3.91% para finales de 2020. El desempeño de la producción volverá a niveles cercanos a los mostrados en promedio en el quinquenio anterior de la crisis financiera (3.98%). En el quinquenio 2009-2014 el crecimiento promedió el 3.03%.
En tanto, la responsabilidad en el manejo de la política monetaria brinda estabilidad al sistema financiero en general. Por una parte, la inflación a los precios del consumidor se espera que continúe con una tendencia a la baja para finales de la década, y que disminuya a 11.96. Una reducción notable respecto al promedio de 2009-2014, en donde alcanzó el valor de 12.30.
La constancia en la toma de decisiones sobre la política monetaria relacionada con el tipo de cambio y la tasa de interés, da seguridad y certeza a la inversión. Estas acciones promueven la solidez del sistema financiero como un elemento importante en la dinámica comercial y económica del país.
En contraposición, el manejo irresponsable de la política fiscal presenta un peligro considerable para la economía guatemalteca. El creciente gasto público no respaldado por ingresos fiscales aumenta el riesgo de que la deuda estatal no sea sostenible. Esta es la forma en que la crisis política puede transmitirse a una potencial crisis económica.
Este mecanismo parte de la elaboración de la Ley del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado. Su aprobación se desarrolla en un medio político alejado del carácter objetivo y técnico necesario para este tipo de decisiones.
La asignación de fondos a las distintas instituciones se realiza de forma discrecional y existe la posibilidad de que el Ministerio de Finanzas pueda realizar transferencias de recursos entre ministerios durante el período presupuestal vigente.
Cabe resaltar que el país necesita de inversión para lograr el desarrollo sostenible de la población y, en especial, de los sectores más vulnerables. Sin embargo, el creciente gasto público de los gobiernos de la era democrática no se ha traducido en una mejora de las condiciones de vida de los guatemaltecos. Esto por la mala calidad del mismo.
Según el Fondo Monetario Internacional, el déficit fiscal de 2020 superará el 2% del PIB
Prueba de ello es la evolución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, planteados en el año 2000 con un avance mínimo en los últimos quince años. Este y muchos otros casos son evidencia de que los recursos públicos no son administrados de forma correcta.
El déficit fiscal financiado con deuda pública no ha sido justificable y su falta de trascendencia en el crecimiento y desarrollo del país puede ocasionar consecuencias negativas en la economía en el mediano y largo plazo.
Según estimaciones del FMI, el déficit fiscal superará para 2020 el 2% del PIB, nivel de alerta establecido por el mismo FMI y a partir del que se deben tomar acciones drásticas en materia fiscal. Asimismo, se estima que para finales de esta década la deuda pública alcance el 27% del PIB. En términos porcentuales del PIB es relativamente bajo el nivel de deuda pública, pero en términos porcentuales de la recaudación, la deuda pública supera el 200%, niveles cercanos a cifras de alerta roja.
La inflación del país está moderada respecto a los vecinos de la región, el sistema financiero está más que sólido, calificado mejor que las dos terceras partes de 145 países de todo el mundo, según el Índice de Competitividad Global 2014-2015.
Vale mencionar que el sistema financiero de Guatemala resistió sin mayor problema una campaña negra cuyo objetivo era lograr inducir un pánico financiero en medio de la crisis política. De hecho, Fitch Ratings mantuvo la calificación de Guatemala en BB estable, a pesar de la crisis política que la corrupción del gobierno de Otto Pérez Molina ha generado.
En conclusión, la crisis política actual que vive el Estado de Guatemala en este año electoral no ha repercutido de forma directa sobre la economía, ni en el corto plazo. La economía guatemalteca mantiene estabilidad y la tendencia en sus principales indicadores.
Esto no implica que no haya correcciones por tomar. La política fiscal debe ser dirigida sobre consensos basados en criterios técnicos y objetivos en un marco de transparencia, que focalice la inversión pública y fortalezca la recaudación tributaria. En este sentido, la sociedad civil toma un papel protagónico a raíz de la coyuntura actual, y se convierte en un ente fiscalizador de los funcionarios e instituciones del Estado. La auditoría social sería un elemento clave para la consolidación de la institucionalidad.
Nicholas Virzi
Carlos Vásquez
Colaboradores
Revista GERENCIA
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