Impuesto extraordinario

Una consecuencia de la inseguridad y de la injusticia es la incidencia humana, social y económica que conlleva. El costo económico de la inseguridad y la falta de justicia representan un importante rubro en la economía nacional. La mayoría de los negocios requieren de seguridad física, control de acceso y cámaras de vigilancia, además de escoltas de transportes y seguimiento de vehículos en ruta. Esa infraestructura afecta la competitividad al incrementar significativamente los costos de los bienes y servicios que producen o comercian las empresas.

Latinoamérica y el Caribe son las regiones del mundo en las que hay un mayor porcentaje de empresas que deben asumir costos asociados a la seguridad (62.1%), únicamente comparables con los países del África subsahariana. El resto de regiones del mundo tienen costos significativamente más bajos en este importante rubro y, consecuentemente, los trasladan en mucha menor cuantía al precio final del producto. La región también ocupa el primer lugar mundial en donde las empresas identifican el crimen y la violencia como la causa del problema de los costos relacionados con la inseguridad (34.4%), muy por encima del resto de zonas (Enterprise Surveys).

Esos gastos inciden sustancialmente en la competitividad y en el precio final de los bienes y servicios comercializados, además de impactar negativamente en la atracción de capitales y en las inversiones, algo que queda patente en el Índice de Competitividad Global, al evaluar la variable “Business costs of crime and violence”.

El empresario posee, al menos, una triple tributación: los impuestos oficiales (legales), los gastos extraordinarios en seguridad y los sobornos, consecuencia de un alto número de extorsiones. Los gastos por tales motivos en Guatemala, producto de los pagos que llevan a cabo las empresas son, según algunos informes (Global Peace Index 2014), alrededor de 7,525 millones de dólares para 2013 (PPP). Es decir, aproximadamente el 8,7% del producto interno bruto (GDP) se dispendia o deja de percibir como consecuencia del clima de inseguridad e injusticia reinante en el país, además, como ya se ha dicho, incide en la competitividad a través de los precios finales.

La seguridad y la justicia ocupan las primeras posiciones en donde deberían enfocarse los gastos gubernamentales.

El impuesto es una contribución de la ciudadanía para enfrentar uno o varios problemas comunes. Darle el calificativo de “extraordinario” (además de temporal y dirigido como lo ha hecho la CICIG), supone que no todos deberán hacer frente a la responsabilidad de carencias detectadas en seguridad y justicia. Es decir, un problema común que afecta a todos, será atendido únicamente por unos cuantos que, por cierto, no está definido quienes serían, y así es más fácil “vender” la idea y alentar a que se implemente, puesto que no se sabe con certeza quienes deberán afrontar tal costo ¡Buen marketing político!

El ejemplo -muy manoseado- de que algo similar ocurrió en Colombia (impuesto pagado por empresarios) no solo es una comparación inexacta, sino también falaz e interesada, además de que las cosas que funcionan en otros lugares no tienen por qué hacerlo necesariamente aquí. Si de lo que se trata es de endilgar a los empresarios (o a los “ricos”), en el costo de la inseguridad/ injusticia es preciso tener en cuenta los datos arriba indicados que poseen una importante incidencia en los modelos de negocio que se puedan desarrollar en el país, y en la región, además de repercutir en el precio.

La Constitución guatemalteca indica en sus artículos 1 y 2 cuales deben ser las prioridades del Estado. La seguridad y la justicia están en primera posición y debería ser ahí donde se focalicen sustancialmente los gastos gubernamentales.

Sin embargo, no ha sido así históricamente y ahora se afirma por parte de algunos colectivos que “falta dinero para seguridad y justicia”, cuando podría faltar para cualquier otra cosa, pero no para cumplir con los deberes constitucionales antes indicados y que figuran la primera posición.

Además de lo anterior, hay estudios (ICEFI) que detectan aproximadamente Q20,8 millardos en riesgo de que puedan estar en el entorno de la corrupción, bien porque se asignan a rubros con manejos discrecionales (listado geográfico de obras) o porque estén en partidas presupuestarias de difícil control y menor transparencia, entre otras. Es decir, no se dan las condiciones de transparencia necesarias para conocer el monto total que “realmente” debe de gastar un gobierno una vez identifique (algo que no está hecho aquí) la planilla de los ministerios y otros organismos estatales y revise los costosos pactos colectivos que terminan por generar un clima propicio para presionar o chantaje político.

Sin un panorama claro de la situación de ingresos y gastos, es imposible y atrevido (cuando no interesado) hablar de una subida impositiva porque “hace falta dinero”. El gobierno, como cualquier otra empresa, debería determinar costos, fines, objetivos y medios para alcanzarlos y a partir de ahí actuar y ofrecer los resultados previstos.

Sin embargo, no ocurre así y el dinero nunca es suficiente a pesar de no saberse en qué se invertirá, quiénes o cuántos lo gestionarán ni muchos menos los resultados (políticas públicas) a obtener.

En ese mar de dudas e incertidumbre proponer un nuevo impuesto o subida a los existentes es todo un atrevimiento y una falta de madurez y racionalidad. Sumemos a lo anterior, por si no fuera poco, una economía con un 70% de informalidad (porcentaje que no paga impuestos), ciertos sectores privilegiados con exención impositiva o tasas preferenciales y una exigencia social de “derechos”, pero ausente del cumplimiento de “obligaciones”. Todo un homenaje a la sin razón.

Pedro Trujillo
Consejero Editorial
www.miradorprensa.blogspot.com

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global-
CompetitivenessReport_2013-14.pdf