Equidad laboral en Guatemala

El trabajo es uno de los derechos humanos fundamentales que permite que la persona cuente con un medio para su subsistencia. La realidad del país, marcada por la pobreza extrema, la baja escolaridad, la violencia y la poca oferta laboral, hace que este derecho se convierta en una meta lejana que obliga a muchas personas a dedicarse a actividades en la economía informal, señala Flor Tohom, en el estudio Desafíos para la inclusión y la equidad laboral en Guatemala.

Tohom llama la atención sobre los principales temas de exclusión laboral: sexo, edad, religión, filiación política, origen étnico y personas con capacidades diferentes, que es una discriminación que el Estado se ha comprometido a erradicar y que aparece en el artículo 53 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

Luisa Fernanda Zamora, especialista en coaching.

En el ámbito laboral y profesional se valora la eficiencia, la eficacia, un concepto determinado de éxito, el aprovechamiento del tiempo, las habilidades específicas, el seguir instrucciones, la competencia y la juventud, entre otros. Por lo que, todas aquellas personas que no entran en ese imaginario quedan relegadas y les es más difícil acceder a una plaza de trabajo.

Para la coach Luisa Fernanda Zamora, lo deseable es que el criterio de contratación sea la capacidad de la persona para cumplir con el perfil y no necesariamente contar con una política al respecto, aunque reconoce que no todas las empresas miden capacidades y cuentan con apertura para contratar diversidad de personas. Asimismo, comenta que hay empresas que están valorando aspectos como el récord crediticio, la imagen y la inteligencia emocional.

La activista Rosidalia Aldana, al hablar sobre la accesibilidad universal, llama a los países a realizar ajustes razonables y legislar en favor de la plena participación de las personas con discapacidad para garantizar el principio de igualdad de oportunidades.

Con los ajustes razonables se pretende que, a ninguna persona se le nieguen oportunidades de empleo por otras razones que no sean su capacidad. Esto supone que el Estado y las empresas deben realizar un esfuerzo por adaptar las condiciones del entorno social y laboral a sus capacidades, necesidades y expectativas. Esto es posible. La coach advierte que, hay empresas que contratan a personas con discapacidad de movilidad y auditiva para que realicen trabajos de oficina, y eso ha implicado un aprendizaje del lenguaje de señas, por ejemplo.

El aparecimiento de iniciativas como Embajada zona 18, Contrata a un abuelito, Empleo 40+ Guatemala, y el programa de capacitación laboral de la Fundación Margarita Tejada, entre otras, buscan ayudar a encontrar trabajo a personas que son discriminadas. La Embajada zona 18 (embajadazona18.org) nace gracias al esfuerzo de Tortrix y la agrupación social sin fines de lucro Nueva zona 18 (facebook), y busca eliminar lo que ellos llaman discriminación por domicilio, ya que “muchas empresas de nuestro país presuponen que estas personas están influenciadas o vinculadas por grupos delictivos que operan en la zona.

Esta creencia lleva a que estas personas pierdan oportunidades y caigan en situaciones de pobreza o marginación”, señalan en su página web. La embajada sirve de mediadora entre las personas que buscan empleo y las empresas y, además, ofrecen cursos gratuitos de formación laboral. A cambio ofrecen a las empresas que quieran formar parte de esta iniciativa acceso a un banco de datos de personas en busca de trabajo, a quienes pueden ofrecer cursos y, de esta forma, “sumarse a una causa que mejorará las condiciones sociales y económicas de miles de personas en Guatemala”. En la iniciativa participan 73 empresas y al momento de visitar la página se ofertaban 13 plazas de trabajo. En la página aseguran haber favorecido a más de 5 mil personas en el último año.

Contrata a un abuelito (https://web.facebook.com/contrataunabuelito) es una iniciativa que responde al programa de Asistencia Laboral del Adulto Mayor (ALAM) y, según indican en su página, es un proyecto que aplica para Guatemala y que ofrece la posibilidad de encontrar trabajo a personas mayores de 55 años.

La persona interesada debe llenar un formulario con sus datos y escribir cuáles son sus “valores, aptitudes, características, experiencia laboral, horarios en los cuales está disponible”, e indicar tres especialidades en las que desea ser ubicado. Se han registrado ya más de 600 personas.

Empleo40+ Guatemala web.facebook.com/Empleo40plusgt/), se define como “una asociación de profesionales guatemaltecos mayores de 40 años que promovemos la diversidad generacional en las empresas”. Los creadores de la página señalan que buscan “eliminar las barreras de la discriminación laboral en cualquiera de sus manifestaciones, especialmente por edad”.

La Encuesta Empresarial sobre racismo y discriminación racial en Guatemala se realizó en el año 2012 y se encuestaron a 594 empresas. En la encuesta empresarial se realizó la pregunta ¿Considera usted que en Guatemala le pagan igual salario a las personas indígenas que a las ladinas por realizar el mismo trabajo? Según un informe de ASIES, a esta pregunta un 57% respondió que a las personas indígenas les pagan diferente, “se infiere que les pagan menos por la situación de racismo y discriminación racial que sufren”.

El 43% de las empresas consultadas respondieron que a las personas indígenas sí se les paga igual que a las personas ladinas. En el análisis se añade que, se puede “inducir que más de la mitad tiene conciencia de la desigualdad que se manifiesta en el salario. Esta es una de las razones de los bajos ingresos de la población maya, garífuna y xinca. Sin embargo, también es oportuno mencionar en el mismo informe a la pregunta: “Si tiene dos personas con las mismas calificaciones académicas y de experiencia, un indígena y un ladino, ¿a quién emplearía usted? Las respuestas arrojan que un 95% decidiría de forma indiferente, un 3% contrataría a un ladino y un 2% señaló que contrataría a un indígena.

Rosidalia Aldana, activista en pro de la igualdad.

Por su parte, las personas transexuales se encuentran ante la imposibilidad de encontrar trabajo dentro de la economía formal debido a que el país no cuenta con una ley de identidad de género, y el hecho que una persona tenga una apariencia de mujer pero que en el DPI se señale su sexo como masculino es motivo de conflicto para no poder acceder a una plaza de trabajo. Aunque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recomendado a Guatemala promulgar políticas públicas para reducir la discriminación por orientación sexual e identidad de género en el país, el Estado no ha avanzado en este cometido. De igual manera sucede con las personas que tienen alguna discapacidad auditiva, visual, de movilidad o de tamaño.

La socióloga Rossana Reguillo llama la atención sobre el “delito de portación de cara” que consiste en sacar un perfil de los delincuentes basándose en el perfil racial del presunto delincuente para establecer su grado de peligrosidad. Los medios masivos han contribuido a construir este delito de portación de cara que clasifica a los jóvenes por su origen étnico, por la ubicación de su vivienda, por la ropa que usa o por el uso de tatuajes o piercings y no por sus capacidades o habilidades y a partir de estos estereotipos ven disminuidas las posibilidades de encontrar un empleo.

Zamora señala que hay casos de empresas de relaciones públicas o de promoción de eventos que sí exigen cumplir con estándares de imagen para las contrataciones pero también ha conocido, por medio de colegas, casos en los cuales estos criterios de imagen han sido usados para contratar posiciones de dirección y en donde personas con discapacidad o indígenas han sido discriminados.

Es importante enfocar la necesidad de contar con políticas públicas de inclusión y que las empresas cuenten con políticas institucionales que permitan que los ambientes laborales sean diversos en todo sentido.  Aldana señala que se encuentra en el Congreso la iniciativa 5125 que busca aprobar la Secretaría de la Discapacidad porque “el CONADI no responde a las necesidades del colectivo, a veces no es porque no quieran sino que es más por la propia naturaleza con la que fue creado”. Para Aldana, las empresas, más allá de programas de responsabilidad social que tienen varias empresas -“que utilizan también para deducir impuestos”-, deberían contar con políticas de contratación y cuotas laborales para personas con discapacidad, ya que en el país este es un elemento que está sujeto a la voluntad del patrono”.

Zamora menciona la importancia de que cada persona logre correlacionar sus valores individuales con los valores de la empresa. De lo contrario, aun siendo contratada la persona podría enfrentarse a ambientes adversos. A nivel estatal se publicó en el año 2006 la Política pública para la convivencia y la eliminación del racismo y la discriminación racial

En esta política aparecen principios aplicables para cualquier tipo de discriminación como la convivencia, la igualdad, la tolerancia, la inclusión, el pluralismo, la democracia y la equidad de género. Tohom señala que el acceso al empleo debería responder a las propias especificaciones de la plaza “libre de requerimientos subjetivos y criterios flagrantemente discriminatorios”.

Zamora recuerda como de su experiencia laboral en España aprendió la importancia de convivir en ambientes abiertos y diversos en todo sentido y cómo esto fomenta la creatividad en el ámbito laboral.

Roberto M. Samayoa O.
Periodista
Revista GERENCIA
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