En Guatemala sin 29-89, los exportadores se asfixian, pierden y migran
La OMC declinó el Decreto 29-89, decisión que impacta en unos 300 mil connacionales que podrían quedarse sin empleo durante el primer semestre de 2016.
La Organización Mundial de Comercio (OMC) le dio jaque mate al Decreto 29-89. El Congreso de la República de Guatemala, por su parte, no aprobó ninguna ley alterna que mantuviera beneficios a las empresas, en su mayoría textileras, que producen en este país para exportar a otros, principalmente a Estados Unidos.
Así, los representantes de este sector industrial prevén que en el corto plazo se registre una fuga de capitales relacionados con esa actividad y, por ende, se genere desempleo. Pero lo que es peor, dicen, se reducirán los ingresos tributarios que por esas actividades recibía el fisco guatemalteco. Lo anterior, pese a que muchos aseguran que con la eliminación de dichos beneficios fiscales aumentará la recaudación en ese sector.
Lo verdaderamente cierto es que el impacto económico para Guatemala puede ser tan fuerte que unos 300 mil connacionales podrían quedarse sin empleo durante este primer trimestre de 2016. Mientras, el gobierno podría dejar de percibir alrededor de 342.7 millones de quetzales, producto de la operación aritmética entre dejar de percibir por los beneficios anulados y dejar de percibir por la fuga de capitales hacia otros países.
Total, lo que se vislumbra es un caos que estará dominado por el desempleo, la salida de empresas hacia otros territorios y la pérdida de ingresos tributarios ante las ventajas que otros países vecinos ofrecen y que Guatemala ha dejado de facilitar.
Los números
Para el año 2014, 1,493 contribuyentes conformaban el grupo de tributantes beneficiados por el Decreto 29-89, conocido como Ley de Maquilas y Promoción de la Exportaciones. Esta ley, durante años, facilitó beneficios fiscales a las empresas que producían en el país y exportaban a otros países como Estados Unidos.
Alejandro Ceballos, vicepresidente de Vestex.
Juan Pablo Carrasco, segundo vicepresidente de la AmCham
Ese aporte significó en 2014 el 9.24 por ciento de la recaudación del Gobierno Central. Sus beneficios atrajeron, como es lógico, capitales extranjeros que se instalaron en el país, principalmente en el sector textilero. Sin embargo, esos beneficios han llegado a su fin y el Congreso de la República no atendió los llamados de este sector para promover una alternativa legal que mantuviera los beneficios y permitiera competir contra otros países de la región que sí los tienen.
El 31 de diciembre de 2015, el Decreto 29-89 dejó de tener vigencia y así otra serie de leyes como la de Zonas Francas y la de la Zona de Libre Comercio, dejando a las empresas que producen bajo esas leyes en desventaja frente a otras que funcionan en El Salvador y Honduras, o bien en Vietnam, China o Haití.
El impacto, según los representantes del sector, comenzará a notarse con una reducción en las inversiones de un 20 por ciento, dejarán de importar maquinaria para modernizar sus procesos productivos y, por supuesto, dejaron de crear plazas directas de empleo. Todo lo anterior sin contar con que la mayoría comenzarán a migrar a países vecinos que, como Nicaragua por ejemplo, les brindan mejores condiciones que las que ahora tendrán en Guatemala.
Si las cosas siguen este camino se calcula que la producción de este sector se reducirá de Q28,895.4 millones en 2015 a Q19,966.7 millones en 2018, es decir Q8,928.7 millones menos.
Los conocedores aseguran que la baja estaría modificando la estructura de aporte del sector al PIB, pasando del 2.5 por ciento actual a un 1.3 por ciento en 2018. En términos de empleos, tanto directos como indirectos, el impacto se movería de los 186,064 de este 2015 a 108,156 en 2018.
Pero hasta aquí solo hablamos del sector Vestuario y Textiles, pues si sumamos a todos los subsectores que se han visto beneficiados por el Decreto 29-89, el impacto total en términos de empleo sumaría 300 mil plazas.
Las quejas
Alejandro Ceballos, vicepresidente de la gremial de Vestuario y Textiles (Vestex), no duda en replicar que aquellos que aseguran que las empresas creadas bajo la sombrilla del Decreto 29-89 no pagan impuestos, “solo dicen mentiras”.
Juan Pablo Carrasco, segundo vicepresidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham), concuerda totalmente con Ceballos y agrega que lo único que Guatemala hará sin esos beneficios es perder oportunidades.
Para Ceballos, los efectos de la incertidumbre sobre no tener una ley que sustituya a la 29-89 ya se están observando. Según sus apreciaciones, en 2015 mucha inversión se quedó detenida esperando a ver qué pasa. Y lo peor es que sigue sin pasar nada.
En Centroamérica, todos tienen una ley que promueve las exportaciones, pero Guatemala se ha quedado sin ella y eso “nos pone en una situación desventajosa”, sostiene Ceballos, quien agrega que si bien es cierto que hubo algunos abusos con la 29-89, fueron las mismas autoridades gubernamentales quienes lo permitieron.
Por ello, según Carrasco, el sector promueve una ley que sostenga los empleos ya creados y genere nuevos a través de la promoción de incentivos fiscales, como los tienen en toda Centroamérica y algunos países asiáticos que compiten con Guatemala en varios sectores como los de los textiles, los Call Center, los Data Center y otros administradores de datos para industrias como la cinematográfica, la contable y la legal, entre otras.
Los cálculos de Carrasco vaticinan que unas 500 empresas podrían retirarse del país en el plazo inmediato. Así es que, mientras los legisladores guatemaltecos hagan caso omiso a los llamados de este sector productivo, los grandes ganadores son nuestros vecinos centroamericanos, México, Haití, Vietnam y China, que son los grandes competidores en el sector de la maquila, no sólo de productos sino también de servicios para el mundo desarrollado.
Carlos Morales Monzón
Periodista y Consultor
Revista GERENCIA
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