Empantanados en el subdesarrollo

Guatemala es un país rico en recursos naturales, pero también en problemas. La razón, una demostrada falta de capacidad de quienes han estado a cargo de administrar esos recursos.

Por más de tres décadas se ha venido hablando de la existencia de un déficit habitacional que supera el millón de unidades. Pero también se ha hablado de la existencia de un deficiente sistema vial.

Empantanados en el subdesarrollo La falta de aplicación de leyes vigentes como la de vivienda y de la aprobación de iniciativas como la Ley General de Infraestructura Vial, tienen al país sumido en una especie de empantanamiento que no permite a sus habitantes crecer económicamente y menos ingresar en la vía del desarrollo Carlos Morales Monzón Esos dos asuntos unidos no hacen sino explicar por qué vivimos en el subdesarrollo, sin posibilidades de iniciar un crecimiento económico con visión de largo plazo que permita que nuestra nación y sus habitantes tengan mayores oportunidades de vivir mejor.

Constantes invasiones de terrenos para formar asentamientos humanos que son motivados por la falta de viviendas
y extensas colas y congestionamientos vehiculares generados por la falta de planificaciones de sistemas eficientes de movilización son solo algunos ejemplos de lo que hablamos.

Los cinturones de pobreza en las orillas del área metropolitana son cada vez más amplios e ingresar a la ciudad capital se hace cada vez más complicado. Horas de horas conduciendo vehículos para llegar hasta sus trabajos son la constante de una población que no encuentra solución a su problema, y esto causa a la vez padecimientos de salud por el estrés de sentirse aprisionado dentro del vehículo a velocidades que llegan incluso a los 5 kilómetros por hora. Soluciones quizás existan, pero es notoria la falta de voluntad que facilite el involucramiento de todos los sectores para lograr salidas adecuadas y rápidas a estos inconvenientes que nos empantanan en el subdesarrollo.

Vivienda vertical
El acceso a una unidad habitacional no es fácil en la capital, un centro de desarrollo urbano que cada día se hace
más extenso porque aquí se concentran en alto porcentaje las oportunidades de empleo, lo que deja en el olvido el resto del país. Esas dificultades para acceder a una vivienda digna se hacen más complicadas cuando se revisan los precios de la oferta existente.

En los últimos años, la búsqueda de soluciones al problema de la falta de vivienda ha dado lugar al surgimiento de
múltiples proyectos de desarrolladores que han marcado una tendencia hacia la construcción de edificios de apartamentos. Los expertos dicen que, se trata de ofrecer soluciones para quienes buscan no alejarse de la ciudad, porque solo saliendo de ella encuentran precios accesibles para hacerse de una vivienda digna. Zonas como la 11, 12, 14, 15, 21, 7 y 2, de momento, son las que viven esa realidad. Múltiples proyectos de edificios de apartamentos
surgen en sus jurisdicciones, e intentan ser la salida para las necesidades de quienes quieren seguir viviendo en la
ciudad, pero carecen de los recursos suficientes para comprar una casa individual.

En 2012, y para ser más exactos el 9 de febrero de ese año, el Congreso de la República aprobó la Ley de Vivienda. Según el estamento, su propósito es regular y fomentar acciones de Estado, y desarrollar coherentemente el sector vivienda, sus servicios y equipamiento social. “Para ello se establecerán las bases institucionales, técnicas, sociales y financieras, que permitan a la familia guatemalteca el acceso a una vivienda digna, adecuada y saludable, con equipamiento y servicios”, dice la normativa.

Analistas insisten
en la promoción
de ciudades
intermedias como
soluciones integrales

El ordenamiento jurídico da vida a un Consejo Nacional para la Vivienda – CONAVI-, que se concibe como una instancia consultora y asesora del ente rector, que tiene como función ser un órgano deliberativo, consultivo y asesor,
responsable de proponer, concertar y dar seguimiento a las políticas, estrategias y planes para impulsar iniciativas para el lanzamiento de soluciones habitacionales. De la vigencia de la ley han pasado ya 7 años y de su efectivo funcionamiento nada se ha visto. Ni siquiera se ha conformado el CONAVI.

Mientras tanto los edificios de apartamentos siguen surgiendo por todos lados, sin que un ente rector organice su evolución y más que soluciones sigan acrecentando los problemas de la ciudad. Enrique Godoy, uno de los principales promotores del desarrollo urbano de los últimos tiempos, ha insistido en que la solución a muchos de los problemas del país es la promoción de ciudades intermedias, que no son otra cosa sino la conformación de espacios territoriales capaces de ofrecer a los habitantes soluciones integrales para sus vidas. Es decir, espacios donde los pobladores encuentren casa, trabajo, centros escolares, centros comerciales y todos los servicios que les permitan una vida digna y de calidad.

Algo se ha logrado en Quetzaltenango, la segunda ciudad más importante del país. Sin embargo, lo que allí se ha hecho no satisface en nada las necesidades de una población necesitada de todas esas oportunidades que le anulen la idea de migrar a la ciudad capital para alcanzar sus sueños de crecimiento y desarrollo, o en el peor de los casos, tener que emigrar hacia los Estados Unidos y cumplir el sueño americano de trabajar, obtener un salario digno y vivir en condiciones de comodidad juntos a sus familias.

Pero contrario a los planteamientos de Godoy, las soluciones que se ofrecen siguen siendo en el área metropolitana,
y obligan a la migración hacia el casco urbano de la capital. Es más, muchos de los que han salido de los límites del área metropolitana en busca de una vivienda más barata comienzan a retornar, orillados por la desesperación que les causa tener que transitar horas de horas en los congestionamientos vehiculares que no solo significan gasto de combustible y deterioro de sus automóviles, sino también estrés y detrimento de la salud.

Infraestructura urgente
Sin duda alguna, a Guatemala le urge la puesta en marcha de sistemas viales más modernos y capaces de facilitar la movilidad de sus habitantes a velocidades adecuadas para evitarles el estrés de un tráfico denso como el actual. Desde el 9 de abril de 2018, en alguna gaveta del Congreso de la República duerme el sueño de los justos la iniciativa 5431, que contiene la propuesta de una Ley General de Infraestructura Vial.

La iniciativa ingresó con el aval de 17 diputados, encabezados por el diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza
(UNE), Carlos Alberto Barreda, entonces en su calidad de presidente de la comisión legislativa de Economía y Comercio Exterior. Según sus ponentes, la iniciativa busca promover la transparencia y la rendición de cuentas, pero también implantar un sistema de planeación eficiente y moderno de la infraestructura vial con visión de largo plazo, que permita alinear los intereses de los distintos actores. También el establecimiento de reglas claras para la priorización en la ejecución de los proyectos, de conformidad con criterios técnicos y sociales, así como agilizarlos y hacerlos más eficientes.

La iniciativa 5431
contiene la propuesta
de una Ley General
de Infraestructura Vial
urgente para el país

Para todo ellos, la iniciativa plantea la creación de una Superintendencia de Infraestructura Vial (SIVIAL) que, aunque
estatal, tenga un funcionamiento autónomo y descentralizado que haga notable y eficiente su actividad. La
SIVIAL, como se debiera abreviar el nombre de la entidad, poseería, entre otras de sus atribuciones y funciones,
a su cargo todas las actividades relacionadas con la Infraestructura Vial, elaborar un plan que se actualice periódicamente de acuerdo con las necesidades del país, establecer estándares de calidad, de seguridad y los indicadores para la Infraestructura Vial, desarrollar y mantener actualizado anualmente el inventario de la red vial primaria, bajo su competencia, con la colaboración de los municipios.

Carlos Colom, uno de sus principales promotores, ha argumentado en diversas ocasiones que esta ley es clave para
el desarrollo económico del país, pues facilitaría la movilidad de las personas, pero sobre todo de las mercancías, lo
que sería una enorme ventaja para el comercio interior y exterior. Además, Colom ha hecho notar la importancia
de una ley como esta, desde el punto de vista de darle al país la oportunidad de desarrollar proyectos viales grandes
y costosos con las facilidades que implican las alianzas público-privadas.

Desarrollar un proyecto amplio con una inversión alta, es mucho más fácil hacerlo realidad con la colaboración del
gobierno y la iniciativa privada, que solo una de las dos partes involucradas.

La idea de un plan con visión a futuro de 30 años y una actualización cada 5 es parte de esta iniciativa de ley que buscaría reducir ostensiblemente los tiempos de recorrido de las personas y mercancías a niveles internacionales. Y
eso solo se logra construyendo carreteras de alta calidad con sistemas de distribución vehicular adecuados para cada necesidad y evitar así los fuertes congestionamientos que los guatemaltecos enfrentamos diariamente.

Porque hoy día ya no existen las horas pico en Guatemala. Cada día y cada momento es una hora pico. Hay colas en los cuatro puntos cardinales de la ciudad a toda hora. La Calzada Roosevelt, la Calle Martí, la Carretera a El Salvador y la Aguilar Batres son diariamente un dolor de cabeza para los habitantes de la ciudad y para quienes, por cualquier razón, deben visitar la ciudad capital.

Epílogo
Por todas estas razones, es que en Guatemala urge tomar acción para que la legislación vigente funcione y la que está en proceso sea aprobada. El país precisa de soluciones prácticas y eficientes, porque mientras sus pobladores vivan en la zozobra, no podrá haber esperanza con visión de futuro o una nación que aspire ofrecerle a sus habitantes oportunidades para vivir dignamente, con la calidad de vida que muchos buscan en otras ciudades y que por ello emigren por montones.

Generar fuentes de empleo y centros urbanos integrales en todo el país para que los habitantes de cada región se
sientan satisfechos porque en sus lugares de origen pueden vivir con trabajos dignos, casas dignas y entornos amigables que satisfagan todas sus necesidades, son aspiraciones obvias y lógicas de todo poblador.

Por eso es que urge poner en plena vigencia la aplicación de la Ley de Vivienda para que, con la planificación adecuada y la construcción ordenada, todos los guatemaltecos tengamos acceso a unidades habitacionales decorosas y al alcance de nuestros bolsillos.

Pero también contar con infraestructuras viales que garanticen un comercio más amplio y eficaz, e incluso la posibilidad de vivir un tanto alejado de nuestros centros laborales, pero sin tener que hacer colas de tres y hasta cuatro horas por viaje, para llegar a nuestros centros de trabajo.

Los guatemaltecos merecemos vivir en mejores condiciones y juntos podemos lograrlo. Solo nos falta unificar esfuerzos entre la iniciativa privada y los gobiernos de turno, para que juntos se pongan en marcha los proyectos necesarios que le den a nuestra vida, no solo oportunidades sino la posibilidad de vivir dignamente y sin la ilusión de buscar soluciones a nuestros problemas, allende nuestras fronteras.

Carlos Morales Monzón
Periodista y Profesor Universitario
Revista GERENCIA
[email protected]