Cambios electorales profundos deberán esperar

Efectuar una reforma profunda de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEYPP) parece ser una tarea complicada de lograr. Y no precisamente porque hacerlo sea técnicamente difícil. En realidad, las complicaciones están en quienes deben hacerlo, pues eso significa generar problemas para sus intereses personales y para las agrupaciones políticas que representan.

Pasar una primera generación de reformas durante la presidencia del diputado Mario Taracena fue a todas luces un gran avance; pero, sin lugar a duda, insuficiente.  Ahora, lejos de buscar que una nueva generación de modificaciones se haga realidad, los diputados andan desesperados por dar al traste con el artículo que, entre otros, les impide reelegirse por haber caído en la trampa que les significó reducir la práctica del transfuguismo, que ellos mismos aprobaron.

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Otro de los grandes temas que se encuentran en la mesa de las discusiones y que de alguna manera exige la sociedad, es lo relativo a una regulación más estricta de todo lo que tiene que ver con el financiamiento electoral. Por este tema, al menos dos partidos han sido cancelados, uno más está en esa vía, varios secretarios generales de este tipo de agrupaciones están siendo procesados judicialmente y no faltan los reclamos sociales porque otros partidos sean también cancelados. Lo anterior sin contar con que varios empresarios y banqueros guardan prisión por haber incurrido en financiamiento electoral ilícito, mientras otros altos dirigentes empresariales del país han reconocido públicamente haber cometido ese “error”.

A grandes rasgos, el financiamiento electoral ilícito consiste en la acción que comete un partido político al no registrar aportes dinerarios y en especie, pues con ello pueden tomar ventaja contra sus oponentes en cuanto a manejar sus recursos sin sobrepasar el techo que la ley impone para financiar las campañas electorales. Lo más seguro es que el proceso electoral que se avecina se juegue sobre la base de las reglas de la LEYPP vigente, pues la voluntad de los congresistas no se ve en la línea de promover más cambios que, aun cuando serían de beneficio para mejorar el sistema político del país, los afectan particularmente.

Lo que hay para 2019

María Eugenia Mijangos, magistrada titular del Tribunal Supremo Electoral (TSE), considera que ya va siendo hora de probar el nuevo régimen de fiscalización aprobado en 1986. “Se trata de una nueva forma de fiscalizar, que abandonará el trabajo de escritorio para utilizar mejores herramientas, y poner en marcha una forma más dinámica de fiscalizar, que incluye coordinación interinstitucional”. Mijangos es de la idea de que más que pensar en nuevas formas de regular el financiamiento, los partidos políticos debieran limitarse a cumplir con la ley y abandonar las viejas prácticas. De hecho, dice, algo se ha avanzado positivamente, pues “estamos a solo seis meses de la contienda electoral y no tenemos la saturación y la campaña anticipada de años anteriores”.

La magistrada coincide con algunos sectores en el hecho de que en este Congreso no pasarán las nuevas reformas que se pretenden impulsar en la LEYPP. Pero confía en la aplicación del nuevo régimen de fiscalización y el de medios, que trata de evitar las grandes campañas y la equidad en la contienda, como uno de los principios del derecho electoral. Al ser consultada sobre las ventajas que podría proveer la implementación de un sistema de financiamiento estatal para los partidos, con la finalidad de anular toda posibilidad de financiamiento privado, Mijangos reconoce que es una probabilidad, pero advierte que también puede “producir un sistema de partidos dependiente del Estado y carente de estímulos”. La magistrada se inclina más por el sistema mixto que Guatemala practica actualmente, pero con controles eficaces, puntualiza.

Óscar Argueta, expresidente de la comisión legislativa de Asuntos Electorales, está un poco en la misma línea que Mijangos en el tema del financiamiento electoral y agrega que, no le parece justo que el Estado, ya deficitario en su presupuesto, tenga que absorber una responsabilidad tan grande. Para el uneísta, deben buscarse reformas profundas a la LEYPP, pero técnicamente bien logradas. Por ello considera que, de momento, lo que ya está vigente con los cambios de 2016, es suficiente para enfrentar el proceso electoral de 2019.

Argueta también cree que sería bueno que diera tiempo de que cobre vigencia el paquete de reformas que se encuentran en consulta ante la Corte de Constitucionalidad y que de alguna manera coadyuva a la conformación de partidos políticos más fuertes y más democráticos a lo interno de sus estructuras.

De momento,  lo que ya está vigente con los cambios de 2016, es suficiente para enfrentar el proceso electoral de 2019

Ese paquete incluye, entre otras modificaciones, la posibilidad de una segunda vuelta en la elección de alcaldes, así como la prohibición para que los secretarios generales de los partidos puedan ser candidatos.  Cambios como estos, según Argueta, pueden ir dando lugar a promover más competencia interna y menos cacicazgos.

Con ojo independiente

José Carlos Sanabria, analista político de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), piensa que el financiamiento electoral debe ser un tema que debe dejarse para discutirse en la próxima legislatura.

Según la óptica del analista, no hay condiciones favorables para impulsar reformas de fondo en este momento. Las herramientas que otorga la ley pueden servirle al TSE para cumplir con su responsabilidad de organizar un proceso bien montado y sin favoritismos. “El contexto político no da para más”, dice Sanabria

De acuerdo con el investigador de Asíes, las reformas que se hicieron en 2016 facilitan un sistema más democrático, pero resultaron insuficientes. Y otras que se discuten, también tienen características similares. Por ello insiste en que, es mejor dejar la discusión para el próximo período legislativo. Si todo camina como está previsto, en enero próximo el TSE convocará a elecciones y los partidos políticos comenzarán a correr para hacer campaña, pues en julio se celebraría la primera vuelta electoral. Las estrategias se pondrán a andar con todo. Y aunque pudo ser mejor, de algo podremos estar seguros y es que los medios de comunicación tendrán en sus espacios un lugar más equitativo para todos los partidos que correrán en la contienda.

Carlos Morales Monzón
Periodista y Profesor Universitario
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