Contralor nuevo, pero sin cambios
El Contralor General de Cuentas (CGC) es el funcionario encargado de dirigir la fiscalización de los ingresos y egresos del Estado. Allí radica la importancia de su cargo, pues debe velar porque la recaudación se efectúe de manera eficaz, pero sobre todo porque el gasto sea eficiente, transparente y lícito.
En su capítulo III, relativo al Régimen de control y fiscalización, la Constitución Política de la República establece lo relativo a la CGC. El artículo 232 establece que se encarga de fiscalizar todo interés hacendario del Estado, los municipios, entidades descentralizadas y autónomas, así como a cualquier persona que reciba fondos del Estado o haga colectas públicas. Suma a la lista de sujetos de fiscalización a los contratistas de obras públicas y a cualquier otra persona que, por delegación del Estado, invierta o administre fondos públicos.
Esta amplitud en sus funciones de fiscalización, además de ser la entidad que emite los finiquitos para todo aquel funcionario público que maneja recursos del Estado, hace del cargo de Contralor General de Cuentas, un puesto codiciado, no solo individualmente sino también para los partidos políticos que buscan beneficiarse del Estado a través de su injerencia en la ejecución de obra pública.
El nuevo contralor, quien sustituirá a Carlos Mencos, debe ser electo antes del 18 de octubre próximo. Para ello debe integrarse una comisión postuladora, cuya composición está establecida en ley y que debe presentar al Congreso una nómina de 6 candidatos, para que el pleno de diputados escoja. Así, 22 personas deberán integrarse, 11 decanos de las Facultades de las carreras de Contaduría Pública y Auditoría de las universidades del país que cuentan con esa carrera y 11 representantes de los dos colegios de auditores existentes.
El Contralor es la máxima autoridad en la CGC y goza de las inmunidades iguales a las de los magistrados de la Corte de Apelaciones. Quien ocupe este cargo, según la Constitución Política, debe cumplir con ser mayor de 40 años, guatemalteco, gozar de sus derechos ciudadanos, no tener juicio pendiente en materia de cuentas y haber ejercido su profesión por lo menos diez años. Así lo establece el artículo 234 constitucional.
El trasfondo
Sin duda alguna, se trata de un puesto que requiere de conocimientos técnicos, pero cuya actividad está inmersa plenamente en la política del país. Desde la reinstauración de la democracia, en 1986, cada gobierno ha conseguido que se elija a un contralor de su confianza, con lo que también se han asegurado cierto nivel de impunidad, habida cuenta de que se garantizan de alguna manera no ser perseguidos por acciones relacionadas con la ejecución presupuestaria y en las que, con normalidad, se han ejecutado actos de corrupción.
En este período de existencia de la Contraloría, Mencos, quien debe entregar el puesto a quien quede electo, ha ocupado el cargo en dos oportunidades, una durante el gobierno de Álvaro Colom y la otra durante el gobierno patriota del general Otto Pérez Molina.
Aunque es señalado de ser el artífice de muchos pactos generadores de impunidad, ningún caso ha sido llevado a tribunales y se han quedado nada más en rumores.
Su última administración ha sido duramente criticada, principalmente porque no rindió cuentas de casos de corrupción, excepto hasta que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) reveló investigaciones en las que la CGC debía haber actuado con antelación.
Así, dicen algunos analistas que prefieren el anonimato, la Contraloría se vio obligada a presentar el caso Transurbano ante el Ministerio Público, un poco obligada por las circunstancias y para limpiar su nombre.
De no ser así, quizás fuera la hora en que nada más fuerte que los hallazgos normales de sus informes anuales, serían los que dominarían el ámbito de su incumbencia.
Una crítica existente y permanente hacia la Contraloría es su poder sin control. Y es que aun cuando es la encargada de fiscalizar las cuentas del Estado, nadie fiscaliza realmente su actuar, el que queda a su libre albedrío.
El puesto de Contralor requiere de conocimientos técnicos,
aunque su actividad está inmersa en la política del país
Como en otras leyes, las reformas de fondo que faciliten una Contraloría más eficiente y eficaz, pero también una Contraloría con mayores controles para evitar los abusos, nada ha pasado en el Congreso, pues los políticos, a juicio de las fuentes consultadas, se niegan a profundizar en el tema habida cuenta que confían en llegar a tener el control gubernamental y hacerlo sería ponerse autocontroles para ejecutar a su sabor y antojo el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación.
En tales términos, todo pareciera indicar que un nuevo contralor está cerca de tomar posesión, pero lo hará en las mismas circunstancias que sus antecesores, producto de las negociaciones políticas entre el Congreso y el Ejecutivo, que sirven para amarrar intereses mutuos de ambos organismos. El bien común deberá esperar una vez más, en tanto se logra obtener mejores condiciones normativas para el funcionamiento de una Contraloría más eficiente en su actuar, menos politizada y con mayores controles que eviten los abusos de sus contralores a nivel de la fiscalización directa y de sus autoridades a nivel de las negociaciones en esferas de mayor poder político en el país.
Carlos Morales Mónzón
Periodista y Profesor Universitario
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